El presidente colombiano Juan Manuel Santos firmó ayer un decreto para la legalización del cultivo y venta de marihuana con fines médicos y científicos, un cambio drástico en un país que se ha identificado durante mucho tiempo con las políticas respaldadas por Estados Unidos para erradicar la producción de narcóticos.

El mandatario dijo que el nuevo marco regulatorio estaba atrasado dado que los colombianos consumían marihuana y productos derivados gracias al vacío legal que existía. La nueva normativa representa un gran paso que pone a Colombia a la vanguardia en la lucha contra las enfermedades, afirmó Santos. Según algunos medios, el decreto entrará hoy en vigor, al ser publicado en el Diario Oficial de Colombia.

“Hoy Colombia da un paso importante para ubicarse a la vanguardia en la lucha contra las enfermedades, y lo hacemos a través de un decreto que busca aprovechar las bondades de la cannabis para mejorar la vida de las personas”, resaltó el presidente.

Acompañado por el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, el mandatario hizo una exposición en la Casa de Nariño —sede del poder Ejecutivo— sobre el decreto, el cual fue elaborado por los ministerios de Justicia y de Salud, con la participación del Ministerio de Agricultura. El decreto permite que se expidan licencias para la posesión de semillas de cannabis y que se cultive la planta sólo con fines médicos y científicos.

“Queremos fomentar la investigación y la producción de medicamentos elaborados a partir de la cannabis, como lo hacemos con cualquier elemento natural que pueda dar alivio a las enfermedades o al dolor”, indicó el jefe de Estado. Sin embargo, advirtió que este paso no afecta la lucha contra las drogas ilegales. “El uso medicinal de la marihuana no va en contravía de nuestros compromisos internacionales en materia de control de drogas”, subrayó.

Colombia se suma así a otros países, entre ellos México y Chile, que han experimentado con la legalización o despenalización como parte de un cambio de actitud hacia el consumo de la droga y las políticas para combatirla en América Latina.

Colombia se ha identificado con las políticas respaldadas por Estados Unidos para erradicar la producción de narcóticos, y un fuerte descenso en los niveles de violencia en los últimos 15 años se atribuye en gran parte a una política de cero tolerancia.

Los defensores del nuevo enfoque dicen que hasta 400 mil colombianos que sufren de epilepsia y otras enfermedades podrían beneficiarse con el nuevo marco regulatorio.

Durante dos décadas, a los colombianos se les ha permitido poseer pequeñas cantidades de cualquier narcótico para uso personal debido a una serie de sentencias del Tribunal Constitucional. Pero el Congreso y el Poder Ejecutivo habían sido reacios a respaldar tales opiniones.

Los críticos conservadores en Colombia y en el extranjero ven la medida de Santos de reformar la política de drogas —incluida una decisión a principios de este año de poner fin a una campaña de fumigar los cultivos ilegales de cocaína con herbicidas— como una señal de que el gobierno carece de determinación.

Santos, quien ha reconocido que fumó marihuana cuando era estudiante, en la década de los 70, reiteró su compromiso de que la nueva normativa sólo aplica para propósitos medicinales y científicos, no para uso recreativo.

HRW critica acuerdo con FARC. La organización de derechos humanos Human Rights Watch criticó ayer un acuerdo firmado hace una semana por el gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dentro de su negociación de paz, por considerar que la flexibilización de sanciones que establece es una fuente de impunidad.

“El acuerdo contiene numerosas alusiones a la justicia, a la rendición de cuentas e incluso a restricciones de la libertad”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. “Sin embargo, un análisis minucioso del texto revela numerosas ambigüedades que convierten tales referencias, en el mejor de los casos, en promesas vacías”.

Se está gestando una piñata de impunidad”, subrayó Vivanco. “Es un pacto entre el gobierno y las FARC que termina sacrificando el derecho a la justicia de las miles de víctimas del conflicto armado colombiano”, agregó, pues muchos de los acusados por graves crímenes quedarán eximidos de prisión y sólo serán sujetos a “sanciones” que tendrán una “función restaurativa y reparadora”.

El ministro colombiano del Interior, Juan Fernando Cristo, defendió el acuerdo, diciendo que “vale la pena pagar ese costo de sacrificar algo de justicia, porque hay que sacrificarla, para conseguir la paz, pero garantizando mucha verdad, reparación a las víctimas y sobre todo algo esencial: garantías de no repetición”.