En virtud de que el sistema de impartición de justicia en Sonora quedó impactado negativamente desde la elaboración del presupuesto para el presente año –el Supremo Tribunal de Justicia solicitó 1 mil 050 millones de pesos, 100 millones más que el ejercicio 2015 y, no le fue concedido–, esa alta instancia abate costos y gastos en el tema judicial y ahora “le mete imaginación sin invertirle más” e impulsa la creación de “tribunales especializados por materia”.
El magistrado presidente del STJ, Francisco Gutiérrez Rodríguez, acotó que el recorte presupuestal afectó solo las áreas de infraestructura, telefonía, internet, gasolinas y gastos similares, pero el personal sigue siendo el mismo y con ese valor humano se han especializado juzgados civiles y de lo familiar en Ciudad Obregón y en Hermosillo –operan desde hace tres años–, que acortan a tres meses juicios del tipo que antes duraban hasta cinco años.
El ahorro presupuestario no afectó al hoy en boga nuevo sistema de justicia penal acusatorio –es una materia más, en el universo legal que maneja el STJ–, que ya estaba contemplado en el proyecto de presupuesto para el presente ejercicio fiscal; pero retrasó la implantación aquí de diverso programa de modernización, que proyectaba sacar a la periferia los tribunales de lo familiar y civil y adosar el par de juzgados penales a un costado del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Guaymas Norte.
Con esos movimientos, el STJ crearía sus propias zonas de desarrollo –y estacionamientos—lejos del centro de la ciudad y, en el caso de los juzgados penales, se evitaría costosos y peligrosos traslados de reos a la poblada área urbana y comercial de Guaymas.
También está en proyecto establecer la oralidad en los juicios mercantiles y de arrendamiento –necesitan la construcción de salas apropiadas, con estrados y zona para el público–, que conocerían casos por hasta 530 mil pesos y, más allá o mayores al medio millón, sucesivamente; con ambos se evitaría larga tramitología y se incentivaría la inversión, dijo el magistrado presidente.
Ejemplificó que una viuda, sacaría en pocos meses a vivales que ilegalmente ocupan la propiedad que le heredó el marido e igual, los inversionistas tendrían certeza jurídica sobre bienes invadidos, mientras que juicio para cobro de facturas y/o pagarés en garantía se resolvería en tres meses a lo sumo y no se llevaría años.
Al igual que en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio –ya está sobre cargado, con 110 audiencias en dos meses, reconoció–, se privilegiaría la justicia restitutiva o reparación del daño sin llegar a la judicialización del caso, para no saturar de carga laboral a los tribunales especializados. Aquí se trata de que el culpable pague en lo económico y no todas las partes pierdan, acotó Gutiérrez Rodríguez.
