La Contraloría General del Estado inhabilitó para ocupar cargos públicos hasta por 10 años, a 10 funcionarios estatales del anterior Gobierno debido a las irregularidades encontradas en distintos entes públicos además de aplicar sanciones como multas económicas, informó Miguel Ángel Murillo Aispuro.

El contralor general del Estado indicó que no puede proporcionar datos sobre el puesto que ocupaban estos funcionarios, ya que la Ley General de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales impide revelar este tipo de detalles, pero abundó que se trata desde niveles de secretarios hacia abajo.

Los comprobantes desaparecidos son hasta de 30 mil millones de pesos y de no cubrirse este monto se procederá a la acción penal en contra de quienes resulten responsables en las investigaciones dado que el daño patrimonial causado es muy grande, dijo.

Señaló también que dentro de las indagaciones que se realizan, no se descartan sanciones para los actuales servidores públicos en caso de que incurran en alguna acción ilícita.

“Desde luego esto no significa que no podamos aplicar sanciones a los actuales funcionarios, la instrucción de la gobernadora es que con todos se aplique la ley de la misma manera cuando no sean honestos en su trabajo y que no sirvan con limpieza a los sonorenses”.