Aparte de las denuncias que tiene la Fiscalía Especializada en Investigación de Hechos de Corrupción, la Contraloría del estado inhabilitó, por irregularidades, a 10 ex servidores públicos por 10 años; además, tiene mil expedientes en investigación.
Miguel Ángel Murillo Aispuro, contralor general del estado, dijo que se trata de 500 expedientes que quedaron en rezago de la pasada administración y otros 500 iniciados del 13 de septiembre a la fecha.
“Las denuncias se están viendo con objetividad y se está aplicando la ley contra la persona en cuestión, trátese de quien sea, por eso quien se portó bien que ni se preocupe”, exclamó el funcionario estatal.
Dijo que se está trabajando muy duro para esclarecer los 30 mil millones de pesos “extraviados” del erario durante la gestión del ex gobernador Guillermo Padrés, de los cuales no hay comprobación ni soporte para su presunto uso gubernamental.
Precisó que a algunos ex funcionarios sólo los denunciaron, otros fueron procesados, a unos los exoneraron hasta dos días antes de terminar la anterior gestión y otra parte de los documentos prescribió.
“Sin embargo, se está viendo la posibilidad de interponer algún recurso para revocar esas disposiciones, evidentemente infundadas”, expresó.
De acuerdo con las atribuciones de la Contraloría, ésta puede imponer sanciones económicas de hasta el doble de la cantidad reclamada e inhabilitar hasta por 10 años, y en caso de requerirse acción penal, el caso se turna ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Hechos de Corrupción.
En camino, seis consignaciones. Detrás de la acción legal en contra de Jorge Morales Borbón, ex secretario de Comunicación del gobierno del estado durante la gestión de Padrés, vienen otras seis consignaciones, adelantó el titular de la Fiscalía señalada, Odracir Espinoza Valdez.
“Son personas que fueron señaladas por algún hecho y nosotros consideramos que se integró la información necesaria y suficiente para ello y se presentó ante los respectivos jueces”, expresó.
Dijo que por el momento no se puede dar más información sobre las personas denunciadas, pero la carpeta de investigación sigue avanzando.
Jorge Morales Borbón fue detenido acusado por extorsión y enriquecimiento ilícito el primer día de febrero a las 11:30 horas por elementos de la Policía Estatal Investigadora, quienes acataron una orden del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal.
Por este delito, de acuerdo con la modalidad del hecho, el probable responsable podría alcanzar una pena de entre 30 y 60 años de prisión; delito grave sin derecho a fianza, según el Artículo 293 del Código Penal para el Estado de Sonora, dijo el fiscal Odracir Espinoza Valdez.
A Morales Borbón, quien se desempeñó como secretario de Comunicación Social durante el periodo 2009-2015, se le acumulan pruebas basadas en testimoniales, emisión de órdenes de pago y transferencias bancarias a su favor por un millón 200 mil pesos en contra de proveedores de los medios de comunicación.
Pero se trata sólo del principio para turnar a las autoridades correspondientes a quienes defraudaron y cometieron actos de corrupción, advirtió el fiscal Espinoza Valdez.
