Por: Agencia Reforma
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó presuntos esquemas de desvío y triangulación de recursos públicos en los estados de Nuevo León y Sinaloa, como parte de la entrega de informes de la Cuenta Pública 2025 ante la Cámara de Diputados.
El titular de la ASF, Aureliano Hernández, explicó que las investigaciones involucran contratos públicos, empresas vinculadas con familiares de servidores públicos, transferencias opacas entre compañías y movimientos financieros hacia particulares.
Desvíos y triangulaciones en Nuevo León
En el caso de Nuevo León, la ASF detectó transferencias millonarias del Gobierno estatal hacia comercializadoras, constructoras, empresas de servicios, consultorías y un despacho jurídico. Entre los hallazgos destacan:
- Maniobra con constructora: Una empresa recibió 5,851 millones de pesos del Gobierno estatal y posteriormente derivó 5,154.6 millones a otra compañía. Dentro de esta operación, se ubicó un movimiento adicional de 385.3 millones de pesos vinculado a un despacho jurídico.
- Triangulación con comercializadora: Una firma que recibió 964 millones de pesos de fondos estatales transfirió 237 millones a una empresa de alimentos fundada por un funcionario y su familiar, la cual a su vez movió 202.9 millones de pesos hacia el mismo despacho jurídico.
En conjunto, el despacho jurídico figura como receptor o entidad vinculada en transferencias que suman 728.13 millones de pesos.
Contratos a familiares y simulación en Sinaloa
En Sinaloa, el órgano fiscalizador expuso la operación de una constructora vinculada a dos familiares de un funcionario del Ejecutivo estatal (uno fungiendo como accionista y administrador único, y otro como apoderado legal).
Entes públicos estatales y municipales adjudicaron contratos de obra a dicha empresa, la cual concentró depósitos superiores a los montos estipulados en las obras y realizó transferencias entre sus propias cuentas. Posteriormente, la constructora movió recursos a dos personas físicas, quienes realizaron pagos millonarios a un exfuncionario de la Secretaría de Finanzas bajo el concepto de "pago préstamo".
Hernández destacó que las herramientas y facultades otorgadas por el Congreso han permitido realizar investigaciones profundas, preservar pruebas e impulsar las acciones legales correspondientes contra quienes resulten responsables.
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