Por: Eme equis
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un presunto desvío de 71 millones 543 mil pesos en contratos celebrados entre la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Los recursos estaban destinados al desarrollo y sostenimiento de la plataforma digital DIGIPRiS, diseñada para la gestión de trámites y autorización de ensayos clínicos.
Operación mediante esquema de subcontratación
Según reveló una investigación periodística, los convenios firmados entre 2023 y 2024 reproducen un esquema similar al de la llamada «Estafa Maestra»: Cofepris contrató directamente a una institución pública amparándose en el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para evitar una licitación abierta. Posteriormente, el IPN derivó más del 49 por ciento de los trabajos a empresas privadas que no contaban con el perfil adecuado.
Los señalamientos derivan de dos convenios específicos:
- COFEPRIS-AD-046-23: Otorgado por un monto de 35 millones 771 mil 500 pesos.
- COFEPRIS-AD-034-24: Asignado por una suma idéntica de 35 millones 771 mil 500 pesos.
Empresas sin perfil digital ni estructura formal
Para cumplir con los compromisos, la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Unidad Culhuacán del IPN transfirió 7.9 millones de pesos a la empresa ACSI Acero Construcción y Seguridad Industrial y 9.9 millones de pesos a ICYA Desarrollo y Estructura. Sin embargo, los auditores detallaron que el giro de ambas compañías pertenece a los sectores de la construcción y la ingeniería, sin experiencia acreditada en desarrollo informático.
Entre las principales anomalías documentadas por la ASF respecto a la empresa ACSI destacan:
- Falta de personal registrado: La empresa contaba únicamente con dos trabajadores dados de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
- Irregularidades en el personal: A pesar de reportar a 34 prestadores de servicios, las labores fueron realizadas por 17 personas propuestas por el propio IPN (16 académicos o alumnos y un trabajador interno).
- Riesgo en el manejo de información: No se firmaron cartas de confidencialidad para el personal que tuvo acceso a datos sensibles sobre ensayos clínicos.
- Domicilio irreal: En visitas físicas realizadas por la ASF en octubre de 2024, se constató que la dirección fiscal de la empresa corresponde a un edificio de departamentos residencial sin logotipos ni infraestructura comercial.
Los hallazgos forman parte de la Auditoría 76 del programa federal «Protección contra Riesgos Sanitarios». Hasta la publicación del informe, ni las autoridades de la Cofepris ni los directivos del IPN o la ESIME Culhuacán respondieron a las solicitudes de aclaración.
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