Por: Cámara de Diputados
Con 314 votos a favor y 117 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que reforma la Ley de Inversión Extranjera. La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca establecer mecanismos institucionales para identificar, evaluar y mitigar los riesgos que determinadas operaciones de capital extranjero puedan representar para la seguridad nacional.
Inclusión de las Fuerzas Armadas y Seguridad en la CNIE
La reforma amplía la integración de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE), incorporando con voz y voto a las personas titulares de:
- Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
- Secretaría de Marina (Semar)
- Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)
- Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT)
Adicionalmente, la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fungirán como invitados permanentes con voz, pero sin voto, en los asuntos concernientes a la seguridad nacional.
Sectores regulados y control accionario
A través de la creación del Título Sexto Bis, titulado “De la Seguridad Nacional en las Inversiones Extranjeras”, se requerirá autorización previa de la CNIE cuando la inversión extranjera pretenda participar, directa o indirectamente, en más del 49 por ciento del capital social de sociedades mexicanas que superen los umbrales de activos determinados y operen en los siguientes rubros:
- Infraestructuras estratégicas: Sector energético, transporte, sanidad, telecomunicaciones, minería, almacenamiento de datos e instalaciones aeroespaciales y de defensa.
- Tecnologías críticas: Inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad, tecnología cuántica, nanotecnología y biotecnología.
- Insumos fundamentales: Energía, materias primas y seguridad alimentaria.
- Información sensible: Acceso o capacidad de control sobre datos personales.
Plazos, informes y sanciones
La Comisión tendrá un plazo máximo de 45 días hábiles para resolver las solicitudes. Asimismo, estará obligada a rendir un informe semestral al Congreso de la Unión sobre sus gestiones en la materia.
Para garantizar el cumplimiento de la ley, las empresas o inversionistas que transfieran participación accionaria sin la debida autorización o tras una negativa de la Comisión, serán acreedores a multas que van de 5,000 a 200,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
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