Por: Congreso del Estado de Guerrero
Con el objetivo de garantizar que las medidas de protección pasen del papel a la acción inmediata y evitar recortes operativos en las áreas de atención de género, el Pleno del Congreso del Estado de Guerrero aprobó dos paquetes de reformas a la legislación estatal en materia de igualdad y erradicación de la violencia.
Mayor eficacia y seguimiento a las órdenes de protección
La LXIV Legislatura avaló modificaciones a la Ley Número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Guerrero, homologando la norma local con los criterios del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Esta medida busca dotar de oportunidad, eficacia y trazabilidad a las órdenes de restricción en una entidad que mantiene vigentes dos declaratorias de Alerta de Violencia de Género.
El dictamen, impulsado por las diputadas Gloria Citlali Calixto Jiménez (Morena) y Leticia Mosso Hernández (PT), fortalece los sistemas de registro e intercambio de información interinstitucional. Durante su intervención, la diputada Mosso Hernández subrayó que la reforma busca evitar la revictimización y coordinar acciones concretas que garanticen la seguridad de las víctimas. Adicionalmente, el decreto amplía las atribuciones de la Secretaría de la Mujer del Estado (Semujer) para consolidar su rol rector.
Candados financieros e institucionales
En la misma sesión ordinaria, el Poder Legislativo aprobó reformas a la Ley Número 494 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y a la Ley 553, derivadas de una iniciativa de la diputada Luissana Ramos Pineda (Morena), diseñadas para proteger la suficiencia financiera de las áreas de atención a la violencia de género.
Entre los principales cambios destacan:
- Artículo 43 de la Ley 553: Incorporación obligatoria de los principios de suficiencia, progresividad, no regresividad, transparencia y perspectiva de género como criterios rectores en la asignación presupuestaria.
- Artículos 17 Bis y 24 Bis de la Ley 494: Obligación para dependencias públicas de garantizar recursos suficientes y crecientes a las unidades de igualdad de género, impidiendo decisiones administrativas que limiten injustificadamente su capacidad operativa.
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