Por: La Jornada San Luis
Xalapa, Ver.— La Comisión Instructora del Congreso del Estado de Veracruz determinó que existen elementos jurídicos suficientes para proceder con el trámite de desafuero en contra de los presidentes municipales de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, ambos militantes del partido Movimiento Ciudadano (MC).
Graves sealamientos de la Fiscalía
Las investigaciones conducidas por las autoridades estatales vinculan a los ediles con severos delitos penales:
- Raúl González Martínez: Investigado por su presunta responsabilidad en el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, acontecido el pasado mes de junio.
- Bertín Bravo Montero: Se le señala por su supuesta implicación en el delito de desaparición forzada en agravio del empresario Héctor Ramos Sánchez.
Votación en el pleno y postura del Congreso
Ante la gravedad de las imputaciones, la comisión ha convocado a una sesión extraordinaria donde los 50 diputados que integran la Legislatura votarán sobre la remoción de la inmunidad procesal de los ediles, lo que posibilitaría a la Fiscalía General del Estado (FGE) dar curso legal a las acusaciones. Para la aprobación de dichos dictámenes, se requiere el sufragio afirmativo de las dos terceras partes del pleno.
La presidenta de la mesa directiva del Congreso estatal, Naomi Edith Gómez Santos, puntualizó que el procedimiento legislativo no juzga la culpabilidad de los ediles, sino que busca retirar la protección constitucional para que enfrenten los juicios correspondientes.
“Lo único que decidimos es que al ser servidores públicos, si existen elementos suficientes para que se lleve a cabo un procedimiento penal y un juez decida, entonces que se haga”, aseveró la legisladora.
Derecho a la defensa y alegatos de persecución política
El marco legal garantiza a los imputados el derecho de comparecer ante las y los legisladores para exponer argumentos de descargo, ya sea de forma personal, mediante un escrito o a través de su defensa técnica. Por su parte, los representantes legales de ambos munícipes rechazaron categóricamente los cargos, mientras que la dirigencia de Movimiento Ciudadano calificó las acciones de la Fiscalía como una persecución política.
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