Por: Proceso / Mathieu Tourliere
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicó una nueva serie de sanciones financieras contra 21 presuntos integrantes y 25 empresas vinculadas a la facción del Cártel de Sinaloa liderada por Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”. Entre los sancionados destacan exfuncionarios de Baja California y Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Señalamientos de corrupción e influencia política
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Carlos Alberto Torres Torres es identificado como un político vinculado a la organización criminal mediante una alianza con Juan José Ponce Félix, conocido como “El Ruso”. El informe detalla que el sancionado habría utilizado su influencia política para facilitar las operaciones del cártel y blindarlo ante las acciones de la policía estatal.
Asimismo, las investigaciones señalan a Pedro Ariel Mendivil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, de colaborar con “El Ruso” y entregar pagos mensuales a Torres Torres para otorgar impunidad a la agrupación en la entidad. Se presume que estos recursos eran blanqueados por Luis Alfonso Torres Torres —excuñado de la gobernadora— a través de empresas y campañas políticas.
En la lista figura también Rafael Buenrostro Martín, exjefe de las aduanas de Ciudad Juárez y exasesor político, acusado de aprovechar sus influencias en favor de José Ángel Rivera Zazueta, alias “Don Flaco”, un operador del Cártel de Sinaloa detenido en septiembre en la Ciudad de México.
Sanciones a la cúpula criminal y empresas fachada
Las acciones del gobierno estadounidense apuntan de igual forma a la estructura operativa de “Mayito Flaco”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, quien asumió la jefatura de la facción tras la captura de su padre. Entre los operadores sancionados figuran Hildegardo Gastelum García (“Aldo”), los hermanos Alfonso y René Arzate García —encargados de la plaza de Tijuana— y diversos mandos territoriales.
El Departamento del Tesoro congeló además los activos de varias empresas utilizadas presuntamente para el lavado de dinero de la organización. Entre las firmas identificadas se encuentran entidades del sector hotelero, centros cambiarios como Magic Casa de Cambio, la gasolinera Grupo Gasolinero Nueva Esperanza y un conglomerado de compañías vinculadas a distintos prestanombres y operadores financieros.
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