Por: Pascal Beltrán del Río / Excélsior
El efímero regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa, con una duración de apenas 33 horas, dejó al descubierto las fracturas y la postura del oficialismo frente a la profunda crisis política y de seguridad que atraviesa la entidad. Aunque la cúpula del partido reaccionó rápidamente para condenar su retorno, las críticas se concentraron en calificar la acción como una muestra de "ambición personal", omitiendo un pronunciamiento de fondo sobre los graves indicios que lo vinculan con el crimen organizado.
Reacciones en la cúpula política
Las principales figuras del gobierno federal y del Congreso marcaron distancia de inmediato. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló firmemente que ningún interés personal debe estar por encima del bienestar del pueblo, criticando la búsqueda del poder por el poder mismo. En la misma línea, la Secretaría de Gobernación y liderazgos parlamentarios como Ricardo Monreal subrayaron que la decisión de reasumir el cargo respondía únicamente a un acto individual que no debía comprometer al movimiento.
Mientras la discusión política se centraba en las intenciones del gobernador, la violencia en el estado no cedió. Durante las 33 horas que duró su restitución, Sinaloa registró al menos nueve homicidios dolosos, colocándose a la cabeza de las cifras de violencia a nivel nacional en ese periodo.
Presiones internacionales y el papel de la FGR
El trasfondo del caso salpica el ámbito internacional. Persisten los señalamientos desde Estados Unidos respecto a presuntas investigaciones e imputaciones judiciales contra el mandatario estatal por supuestos vínculos con el narcotráfico. A ello se suma el lento avance en las investigaciones locales y federales sobre el asesinato del exrector Héctor Melesio Cuén, ocurrido el mismo día de la detención de Ismael "El Mayo" Zambada, un evento marcado por incongruencias e hipótesis contradictorias.
La nueva solicitud de licencia de Rocha Moya ha sido presentada por sectores del oficialismo como un acto de dignidad; sin embargo, analistas coinciden en que la medida solo genera una ilusión de resolución. El verdadero reto para la Fiscalía General de la República (FGR) radica en determinar si existirá un proceso penal transparente y a fondo que aclare las imputaciones y combata la impunidad, o si el costo político continuará postergando el esclarecimiento de los hechos.
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