Por: Diario ABC
La ambición de Andalucía por consolidarse como un nodo estratégico de la economía digital y la Inteligencia Artificial atraviesa un momento crítico. El Ministerio de Industria, encabezado por Jordi Hereu, ha rechazado la totalidad de las alegaciones presentadas por la Junta de Andalucía al borrador del Real Decreto que regulará la sostenibilidad de los centros de datos, una normativa que el Ejecutivo prevé aprobar en las próximas semanas.
Un freno a 20 macroproyectos estratégicos
La inflexibilidad de la regulación estatal pone en jaque hasta 20 macroproyectos privados planificados en la comunidad autónoma. Estas infraestructuras suponen una inversión global cercana a los 10.000 millones de euros y la creación de un volumen sustancial de empleo de alta cualificación.
La paradoja andaluza resulta evidente: pese a generar el 25% de la energía renovable de España gracias a sus recursos solares y eólicos, las elevadas exigencias del decreto amenazan con transformar esta ventaja competitiva en un obstáculo insalvable para la radicación de la industria tecnológica.
El factor climático: la clave del desacuerdo
El punto de conflicto principal reside en los indicadores de eficiencia energética (PUE) y de uso de agua (WUE), esenciales para el enfriamiento de los equipos. Desde el Gobierno andaluz se ha solicitado adaptar los niveles de exigencia a la realidad térmica de la región, donde las temperaturas estivales en municipios como Écija sobrepasan frecuentemente los 40 °C, a diferencia del clima predominante en el norte de España o el centro de Europa.
Sin embargo, el Gobierno central ha desestimado esta flexibilidad territorial, manteniendo restricciones que el sector califica como «inalcanzables» en los meses de mayor calor, situando la normativa española por encima de las exigencias marcadas por la propia Unión Europea.
Rechazo del sector tecnológico
La postura del Ministerio de Industria no solo ha encontrado la oposición del gobierno autonómico, sino también el rechazo contundente de SpainDC (Asociación Española de Centros de Datos).
- Modificaciones insuficientes: Aunque el nuevo borrador eleva de 1 a 10 megavatios el umbral de aplicación y ajusta levemente el PUE transitorio a 1,25, el sector sostiene que los parámetros continúan siendo inviables.
- Obligación renovable: Se fija la exigencia de cubrir al menos un 80% del consumo con energía limpia vinculada a corto plazo, lo que añade incertidumbre a la operativa diaria.
- Riesgo de apagones: La patronal denuncia que la normativa pretende utilizar a los centros de datos como válvula de escape ante eventuales problemas de capacidad en la red eléctrica.
De no introducirse cambios de última hora, Andalucía se enfrenta al riesgo de perder una oportunidad histórica para liderar la transformación digital del sur de Europa debido a la rigidez del marco regulatorio estatal.
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