Por: Los Reporteros MX
En la playa de San Pancho, Nayarit, la naturaleza pareció adelantarse a las órdenes de las autoridades. El fuerte oleaje registrado tras el paso del huracán Rachel y tormentas recientes provocó graves daños estructurales en dos torres del complejo residencial Punta Paraíso, una obra que la justicia federal ya había ordenado derribar.
Fallo judicial definitivo y sanciones de la Profepa
El 7 de octubre de 2026, un tribunal federal confirmó de manera definitiva la sentencia que obliga a la empresa desarrolladora Pacific Lifestyle Properties a demoler la infraestructura edificada. Los magistrados negaron el amparo con el que la firma pretendía frenar las resoluciones interpuestas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
De acuerdo con la investigación de la Profepa, la constructora ocupó de manera irregular terrenos ganados al mar, vulnerando las normativas ambientales de la zona federal marítimo-terrestre. Ante esto, las autoridades dictaminaron que la compañía deberá:
- Devolver una superficie total de 1,466 metros cuadrados de zona federal.
- Pagar una sanción económica equivalente a 96,220 pesos.
- Llevar a cabo la demolición total de las dos torres construidas ilegalmente.
Origen del conflicto e inspección de riesgo
La controversia legal inició en 2009, durante la administración de Felipe Calderón, cuando la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) concedió un permiso sobre dicho predio. Sin embargo, dicha concesión exigía mantener el espacio en su estado natural y prohibía expresamente la edificación sobre la franja costera.
A pesar de las denuncias emprendidas por activistas y defensores ambientales desde 2018, la edificación siguió en pie hasta que el mar provocó el colapso parcial de las estructuras. Tras el incidente, personal de la Profepa y elementos de Protección Civil acudieron al inmueble para evaluar el nivel de riesgo e inspeccionar las afectaciones. Pese a que la empresa intenta sostener la validez de sus permisos originales, la orden judicial de demolición continúa plenamente vigente.
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