Por: El Global / Javier Alberca Lamas
La transposición de la nueva Directiva europea sobre el Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas (UE) 2024/3019 entra en una fase decisiva en España. Mientras el Gobierno español ha comenzado los trámites legislativos para actualizar una regulación vigente desde 1995, el Parlamento Europeo ha pedido congelar provisionalmente el punto más polémico de la norma: la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), que obliga a las industrias farmacéutica y cosmética a asumir el coste de eliminar microcontaminantes.
Primeros pasos legislativos e innovaciones ambientales en España
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha iniciado el proceso para adaptar el ordenamiento jurídico nacional antes de la fecha límite fijada para el 31 de julio de 2027. La futura ley no solo actualizará el tratamiento de depuración, sino que incorporará exigentes metas ambientales:
- Tratamiento cuaternario: Implantación progresiva para la eliminación efectiva de microcontaminantes en el agua.
- Reducción de nutrientes: Refuerzo en el control de sustancias como nitrógeno y fósforo.
- Neutralidad energética: Objetivo de alcanzar un impacto climático neutro en el sector para 2045.
- Economía circular: Apuesta por la reutilización de aguas regeneradas y la recuperación de recursos en lodos de depuración.
Las aguas residuales como sistema de alerta epidemiológica
Desde la perspectiva de la salud pública, el Ministerio de Sanidad trabaja en la regulación del sistema nacional de vigilancia sanitaria a través de las aguas residuales, desarrollando el artículo 17 de la directiva comunitaria. Con la creación de la plataforma HEBAR (Herramienta Epidemiológica Ambiental Basada en el Control de las Aguas Residuales), se busca consolidar un sistema permanente de alerta temprana capaz de monitorizar la circulación de virus como el SARS-CoV-2, la gripe o el poliovirus, así como rastrear la resistencia a los antimicrobianos.
Controversia por la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP)
El foco de conflicto radica en el principio de «quien contamina paga», mediante el cual la directiva impone a los fabricantes de medicamentos y productos de cosmética el pago de al menos el 80% del coste de los tratamientos cuaternarios. Representantes del sector y la patronal europea EFPIA consideran que esta carga financiera es discriminatoria y no refleja con precisión el origen de los contaminantes.
El Parlamento Europeo pide «parar el reloj»
Atendiendo a las advertencias de la industria sobre el riesgo de desabastecimiento y el incremento en los precios de los medicamentos, el Parlamento Europeo aprobó una resolución para suspender temporalmente las obligaciones regulatorias y financieras de la RAP. La Eurocámara ha solicitado a la Comisión Europea una nueva evaluación de impacto antes de finales de 2026 que determine de forma rigurosa los costes tecnológicos, la identificación de sustancias y un reparto justo de la financiación entre todos los sectores implicados.
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