Por: Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)
En una decisión unánime de gran trascendencia para la justicia ambiental en México, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió el amparo a 17 comunidades mayas del municipio de Hopelchén, Campeche. La resolución confirma la presencia de tóxicos en el agua destinada al consumo humano y mandata la aplicación de medidas inmediatas para garantizar los derechos a la salud, al agua y a un medio ambiente sano.
Un viraje en favor de la justicia ambiental
El caso llegó al Máximo Tribunal tras la revisión de una sentencia emitida en julio de 2024 por el Juzgado Primero de Distrito en Campeche, el cual había denegado la protección federal sin analizar exhaustivamente los riesgos planteados. La propuesta aprobada, presentada por la ministra María Estela Ríos, incorporó estándares clave de tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
Asimismo, el fallo aplicó el principio In dubio pro natura, el principio de precaución y la inversión de la carga de la prueba, obligando a las autoridades a asumir un papel activo en la protección de los ecosistemas y las poblaciones vulnerables.
Obligaciones inmediatas para las dependencias federales
La sentencia establece que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) deberán ejecutar en un plazo razonable las siguientes acciones:
- Suministro seguro de agua: Garantizar el acceso a agua limpia, suficiente, salubre, aceptable y asequible para las comunidades de Hopelchén.
- Monitoreo permanente: Implementar un sistema de vigilancia sistemática sobre la calidad del agua que evalúe la presencia de todos los plaguicidas altamente peligrosos, ampliando la protección más allá del glifosato.
- Regulación y control: Formular y conducir una política pública integral de regulación, control y vigilancia sobre el uso de plaguicidas en la región.
- Transparencia: Crear un sistema público de información ambiental enfocado en el estado de las fuentes de agua en la zona.
Acompañamiento social y llamado a la ejecución
El proceso legal impulsado por las comunidades mayas contó con el acompañamiento del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), además del respaldo de más de 56 mil personas que firmaron la petición en la plataforma Change.org.
Las organizaciones defensoras celebraron la determinación de la Suprema Corte y exhortaron a las autoridades ambientales a dar cumplimiento estricto e inmediato a la sentencia para restituir los derechos fundamentales de las comunidades afectadas.
Fuente: Enlace original