Por: EL PAÍS
El Gobierno federal de México concedió 36 hectáreas de superficie marítima en el Mar de Cortés a la empresa Amigo LNG, subsidiaria de la texana Epcilon LNG, para la construcción y operación de una terminal especializada en gas natural licuado (GNL). Ubicado en Bahía Catalina, al sur de Guaymas, Sonora, el proyecto contempla una inversión de 6,800 millones de dólares con el objetivo de transportar gas extraído en Estados Unidos hacia los mercados asiáticos.
Adjudicación directa y condiciones del contrato
El acuerdo fue firmado en abril de 2025 entre la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Guaymas y Amigo LNG. La concesión se otorgó mediante adjudicación directa, omitiendo una licitación pública bajo el argumento de que la empresa ya posee un terreno colindante con la Zona Federal Marítimo Terrestre.
Entre los aspectos clave del contrato destacan:
- Vigencia: Un periodo inicial de 18 años, extensible por un plazo similar.
- Contraprestación: Un pago anual equivalente al 12% del valor del área cedida, además de 10 pesos por tonelada de gas licuado movilizada.
- Volumen de operación: Inicia con un mínimo de 250,000 toneladas en el primer año y prevé escalar hasta 3.7 millones de toneladas a partir del décimo año, lo que implicaría la navegación anual de entre 50 y 60 buques metaneros de gran tamaño.
Estrategia energética transfronteriza
Amigo LNG se suma a otros megaproyectos en la región como Saguaro Energía (Sonora) y Cosalá LNG (Sinaloa). La estrategia busca aprovechar el gas proveniente de la cuenca Pérmica en Texas para procesarlo en la costa mexicana y reexportarlo a Asia, eludiendo con ello las estrictas regulaciones ambientales que dificultan obras similares en la costa oeste norteamericana.
Alerta ecológica y suspensión judicial
La cesión de esta zona marítima ha encendido las alarmas de la comunidad científica y de organizaciones como Defensa Ambiental del Noroeste, Nuestro Futuro y ProDesc. El Golfo de California no solo destaca por su extraordinaria biodiversidad marina, sino que también es reconocido como Patrimonio Mundial Natural por la Unesco.
Entre los principales riesgos señalados por los ambientalistas y la ciudadanía en protestas locales destacan:
- El impacto del tránsito masivo de embarcaciones sobre mamíferos marinos como las ballenas.
- La contaminación acústica submarina y sus efectos en la fauna.
- Posibles afectaciones a sectores clave de la economía regional, como la pesca y el turismo.
En el ámbito legal, un juez federal en Sonora concedió en septiembre de 2026 una suspensión definitiva dentro de un juicio de amparo. Esta medida inhabilita temporalmente la autorización ambiental previa otorgada por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), impidiendo que la empresa ejecute cualquier obra en el sitio mientras no se resuelva el fondo del litigio.
El respaldo oficial frente al freno legal
A pesar del freno judicial y de la oposición social, tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, han manifestado su apoyo a la inversión privada, destacando la generación de infraestructura y el impulso a la exportación. Sin embargo, el futuro del proyecto Amigo LNG permanece condicionado al dictamen final de los tribunales correspondientes.
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