Por: Proceso
Entre el 20 de julio de 2022 y el 5 de noviembre de 2025, la administración del gobernador Samuel García Sepúlveda en Nuevo León entregó 39 facturas por un total de 427.9 millones de pesos a la empresa Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA), firma recientemente señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como una pieza clave en la red financiera del Cártel del Noreste (CDN).
Negocio millonario en constante crecimiento
Los comprobantes fiscales, emitidos a través de la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León (Codefront), revelan que los montos facturados crecieron exponencialmente cada año:
- 2022: 21.5 millones de pesos.
- 2023: 85.6 millones de pesos.
- 2024: 153 millones de pesos.
- 2025: 167.8 millones de pesos.
Esta cifra representa casi cuatro veces el monto documentado previamente por organizaciones de transparencia y medios de comunicación. La factura individual más alta se emitió el 1 de septiembre de 2025 por un monto de 50.4 millones de pesos.
Sanciones de Washington y operaciones de lavado
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a CEGESA, a su propietario Gamaliel Garza García y a su hijo Gamaliel Garza Elías, señalando que la constructora obtuvo contratos gubernamentales de manera corrupta para canalizar recursos a campañas políticas y subcontratar obras a entes vinculados al crimen organizado.
De acuerdo con las investigaciones estadounidenses, el esquema se complementaba con Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA), empresa creada para la integración vertical del negocio, encargada de proveer materiales mientras CEGESA ejecutaba las obras públicas, principalmente en el Puerto Colombia, Anáhuac.
Respuesta oficial y conflicto de interés
Los contratos principales fueron firmados por Marco Antonio González Valdez, titular de Codefront y actual secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario en el gabinete de Samuel García. Tras darse a conocer las sanciones internacionales, González Valdez defendió la legalidad de los procedimientos argumentando que la empresa contaba con una reputación intachable antes de la designación del Tesoro.
Por su parte, el Gobierno de Nuevo León anunció que la Contraloría estatal iniciará una revisión interna. Sin embargo, el esquema ha generado cuestionamientos debido a que el mismo ejecutivo supervisa tanto al organismo contratante como al ente encargado de la investigación.
En el plano nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sumó a los sancionados a la Lista de Personas Bloqueadas tras detectar movimientos irregulares en efectivo, transferencias internacionales e inversiones en bienes de lujo no acordes a su perfil financiero.
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