Por: Redacción RPDV
Hermosillo, Sonora.— La investigación iniciada por autoridades federales sobre presuntas operaciones financieras irregulares vinculadas a proveedores del Instituto Nacional Electoral (INE) desencadenó la renuncia de dos funcionarios del Gobierno de Sonora: Luis Rogelio Piñeda Taddei y su pareja, Delia Sugey Cruz Montaño.
Piñeda Taddei, hijo de la exconsejera presidenta del órgano electoral, Guadalupe Taddei Zavala, dejó su puesto como secretario particular del gobernador Alfonso Durazo Montaño. De forma paralela, Cruz Montaño dimitió a sus funciones administrativas en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal.
Investigación de la UIF y congelamiento de cuentas
Las separaciones del cargo ocurren luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenara el bloqueo de cuentas bancarias de 25 personas físicas y 15 empresas. Las pesquisas indagaron una red de probables inconsistencias financieras vinculadas a contratos del organismo electoral, expediente en el que figuran exfuncionarios del INE y familiares de la exconsejera.
La UIF presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que determine si existen conductas constitutivas de delito. Hasta el momento, la separación de los cargos no representa por sí misma una determinación de responsabilidad penal.
Antecedentes y postura institucional
De acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, Piñeda Taddei ejercía como secretario particular del mandatario estatal desde agosto de 2025 y previamente encabezó la Consejería Jurídica del Gobierno de Sonora.
Las dimisiones marcan un cambio respecto a la postura expresada semanas atrás por el gobernador Alfonso Durazo, quien defendió la continuidad del funcionario al señalar que la permanencia de un servidor público no debía condicionarse únicamente por nexos familiares, sino por conclusiones formales de las autoridades.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la situación de los implicados debe evaluarse conforme a su participación en los hechos investigados, remarcando que el parentesco no implica de manera automática responsabilidad legal.
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