Por: Porfirio Escandón / Excélsior
Tras 12 años de espera e incertidumbre para las comunidades afectadas, el Gobierno del Estado de Sonora, encabezado por Alfonso Durazo Montaño, en coordinación con la administración federal, puso en marcha el programa integral de remediación para la Cuenca del Río Sonora, con una inversión inicial de 654 millones de pesos.
Atención integral a la salud y al medio ambiente
La estrategia busca resarcir las demandas ambientales y de salud pública en los ocho municipios impactados por el derrame químico ocurrido en 2014. El plan forma parte del Plan de Justicia para Cananea y proyecta concluir la primera etapa de intervención a finales de 2026.
Entre las acciones prioritarias contempladas en el proyecto destacan:
- Muestreo, tratamiento y remoción de sedimentos potencialmente contaminados.
- Construcción de infraestructura hospitalaria para atender a la población.
- Desarrollo de obras para garantizar el abastecimiento continuo de agua limpia.
Diálogo directo con las comunidades afectadas
En una reunión informativa realizada en el municipio de Ures, el gobernador Durazo, acompañado por la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra, presentó los alcances del plan ante habitantes y representantes de los Comités de Cuenca.
Durante el encuentro, el mandatario estatal reconoció el descontento histórico de los pobladores: “Después de 12 años, tienen derecho a dudar. Pero francamente, no somos iguales y por eso estamos aquí dándoles la cara. Van a encontrar, invariablemente, un claro compromiso de resolver a fondo un pendiente que viene del 2014”, afirmó.
Inicio de labores e investigación en campo
La titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, confirmó que los recursos económicos están disponibles de manera inmediata y que los trabajos en campo arrancarán formalmente en septiembre. Como parte de los diagnósticos preliminares, ya se han recolectado 64 muestras de suelo, sedimentos y agua en las presas El Molinito y Abelardo L. Rodríguez, sumadas a la revisión de más de 5 mil registros históricos.
Asimismo, las autoridades se comprometieron a mantener mesas de diálogo periódicas para asegurar la transparencia en los avances y en la disposición adecuada de los residuos.
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