Por: Animal Político
Un juez del Primer Distrito en el estado de Yucatán admitió a trámite un juicio de amparo interpuesto contra la construcción de un complejo turístico en la zona costera de Chuburná. El recurso legal busca detener definitivamente las obras y proteger el ecosistema de dunas, manglares y humedales de la región.
Defensa comunitaria e intervención judicial
La colectiva “Salvemos las Dunas”, en coordinación con habitantes de Chuburná Puerto, impulsó el juicio de amparo con el objetivo primordial de detener el desarrollo inmobiliario y resguardar el patrimonio natural de la costa yucateca.
“Estamos llevando un proceso de amparo para solicitar la suspensión de la construcción de una obra que amenaza la zona de dunas costeras de Chuburná, Yucatán”, informó la agrupación ciudadana mediante un comunicado.
Revisión de autoridades y postura del Gobierno estatal
Respecto a la controversia, el Gobierno de Yucatán confirmó que el proyecto se encuentra bajo estricta revisión por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
La titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) del estado, Neyra Silva Rosado, enfatizó que la protección ambiental está por encima de cualquier interés particular. Precisó que los dictámenes estatales exigen la conservación obligatoria de 58 mil 740 metros cuadrados del predio (más de la mitad de su extensión), desglosados en:
- 55 mil 305 metros cuadrados de humedal costero.
- 3 mil 435 metros cuadrados de Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT).
- Áreas de manglar protegidas por la norma NOM-022-SEMARNAT-2003.
Aclaró además que la Factibilidad Urbana Ambiental (FUA) otorgada a nivel estatal no constituye una licencia de construcción ni autoriza el inicio de obras, ya que la evaluación de impacto ambiental es competencia exclusiva del Gobierno federal a través de la Semarnat.
Clausura de la Profepa por daños a la biodiversidad
Previo a la admisión del amparo, la Profepa ejecutó el pasado 2 de agosto la clausura temporal total del proyecto tras detectar graves irregularidades e incumplimientos de las condicionantes ambientales y forestales.
Durante las inspecciones realizadas a finales de julio, los inspectores federales constataron la desmonte y remoción total de vegetación en una superficie de 1.3 hectáreas (13 mil metros cuadrados), lo que representa el 30.8% del área autorizada para el cambio de uso de suelo. Sin embargo, en la mitad del área desmontada (0.65 hectáreas) se detectó la destrucción de especies de flora protegidas por la norma NOM-059-SEMARNAT, causando un daño irreversible al ecosistema de dunas y matorral costero.
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