Por: El Universal
En Sinaloa, el gobierno federal destaca la detención de más de 2,500 personas desde octubre de 2024. Si bien encarcelar a integrantes de células delictivas ayuda a frenar el aumento de víctimas y debilita temporalmente a las organizaciones, existe una interrogante crucial que rara vez se aborda en el debate público: ¿quiénes reemplazan a los que son detenidos?
La confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa ha puesto en evidencia una cruda realidad. Se estima que, antes de la intensificación del conflicto, cerca de dos mil jóvenes operaban como vigilantes o «halcones». Sin embargo, con el recrudecimiento de las hostilidades, muchos dejaron las labores de vigilancia para recibir armas e integrarse a los enfrentamientos armados, provocando además un aumento acelerado de adolescentes involucrados en delitos graves.
El incremento de menores en el crimen organizado
Las cifras del Centro de Internamiento para Adolescentes de Sinaloa reflejan con claridad el problema. Antes de septiembre de 2024, la presencia de menores era mínima; para noviembre de 2025, la cifra ascendió a 89 internados y, para marzo de este año, se contabilizaban ya 119. La problemática no se limita a jóvenes sinaloenses atraídos por la narcocultura. De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía de Jalisco, se ha documentado la captación de jóvenes en dicho estado, quienes son trasladados a Zacatecas para recibir adiestramiento y posteriormente enviados a Sinaloa.
El enganche se concreta mediante engañosas ofertas de empleo en redes sociales o por intermediación de conocidos. Por ello, resulta equivocado diferenciar categóricamente entre reclutamiento forzado y voluntario. En adolescentes de 14 o 15 años que enfrentan adicciones, deserción escolar y violencia sistémica, ingresar a las filas del crimen no constituye una decisión libre, sino una forma de explotación.
Anexos e internamientos irregulares
El reclutamiento no solo se genera en las calles o plataformas digitales. Un reporte de International Crisis Group reveló que diversos centros de tratamiento de adicciones en la entidad son utilizados para captar a jóvenes en situación de vulnerabilidad. La gravedad de la situación aumenta al considerar que, de 220 centros registrados en Sinaloa, únicamente 65 cuentan con certificación oficial, dejando más de 150 anexos operando sin supervisión ni registro estatal.
La urgencia de una estrategia preventiva integral
Aunque se han puesto en marcha programas de prevención como DECIDE —enfocado en estudiantes de zonas prioritarias— e iniciativas de la Estrategia Nacional como «Las y los Jóvenes Unen al Barrio», persiste un vacío crítico de atención. Mientras las políticas públicas se enfocan en los estudiantes matriculados o en la reinserción de quienes ya fueron procesados, queda desprotegido el sector intermedio: aquellos que abandonaron los estudios, sufren de consumo de sustancias o habitan en sectores vulnerables.
El desafío fundamental para las autoridades no consiste únicamente en desarticular organizaciones o capturar generadores de violencia, sino en evitar que la estructura criminal conserve su capacidad de reemplazo. La verdadera prevención radica en intervenir institucionalmente antes de que el crimen organizado capte a la siguiente generación.
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