Con la capacidad demostrada por el actual Gobierno para reinterpretar figuras e instituciones democráticas en mecanismos de control político, se ha impulsado un modelo de defensor de audiencias que corre el riesgo de convertirse en un auditor censor y en un catalizador de la autocensura.
Cuando el Estado se autoerige como el único árbitro capaz de decidir qué contenidos informativos son convenientes para la ciudadanía, el resultado inevitable es un claro retroceso en la libertad de expresión.
Origen y propósito original de la figura
La figura del defensor del lector nació en 1967 en el periódico estadounidense Courier-Journal de Louisville, Kentucky. Su director, Norman Isaacs, la concibió como un puente con el público para elevar los estándares éticos y de calidad periodística, inspirándose en el ombudsman sueco de 1809 creado para proteger a los ciudadanos de los abusos de poder.
A lo largo de las décadas, la defensa de la audiencia ha evolucionado de distintas maneras a nivel internacional:
- Canadá: Se implementó en medios públicos para evitar que el Gobierno en turno use los recursos del Estado con fines propagandísticos.
- Colombia: Se desarrolló ampliamente de la mano de grandes pensadores del periodismo para garantizar el pluralismo y la neutralidad.
- México: Incursionó en diarios como El Economista, Siglo 21 y Público, y con la transición democrática se volvió obligatoria para la radio y televisión públicas.
El verdadero peligro: La Comisión Reguladora
Aunque la adopción de defensores de la audiencia en medios privados puede ser una excelente herramienta para generar confianza y credibilidad, el problema central radica en el proyecto de crear una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones con facultades sancionadoras.
Otorgar a un organismo gubernamental el poder de multar a los medios y destituir a los defensores que no se apeguen al criterio oficial convierte una figura democrática en un instrumento de presión. Sancionar contenidos informativos mediante defensores amedrentados no es regulación: es un mecanismo de censura estatal.
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