Por: Verónica Mastretta / Nexos
La crisis del agua en México ha dejado de ser una simple emergencia ambiental para convertirse en un problema de seguridad nacional y una profunda falla de Estado. El caso del río Atoyac, que cruza los estados de Tlaxcala y Puebla, sirve como un crudo espejo de la realidad hídrica del país: un cuerpo de agua clínicamente muerto, atestado de metales pesados, sustancias químicas peligrosas y bacterias coliformes que amenazan directamente la salud pública.
Un desgobierno en tres niveles de autoridad
El colapso de los ríos y acuíferos en México expone el incumplimiento sistemático de las autoridades en sus tres órdenes de gobierno:
- Nivel Federal (Conagua): Ha fallado en regular, inspeccionar y sancionar eficazmente los aprovechamientos y las descargas residuales fuera de norma. Según la Red Nacional de Medición de la Calidad del Agua (Renameca), el 59.1% de los cuerpos de agua monitoreados en el país están contaminados.
- Nivel Estatal: Las Comisiones Estatales de Agua han quedado reducidas a ejecutoras de obras públicas sin visión integral, fallando en su rol de articular la gestión entre la Federación y los municipios.
- Nivel Municipal: De acuerdo con el artículo 115 constitucional, los ayuntamientos deben prestar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Sin embargo, la mayoría carece de capacidad técnica y financiera. Más de la mitad de las 4,289 plantas de tratamiento de aguas residuales en el país están paralizadas o abandonadas.
Leyes de papel y asfixia presupuestal
A pesar de los avances normativos —como la actualización de la NOM-001-Semarnat-2021, el Plan Nacional Hídrico y las reformas a la Ley General de Aguas—, el marco legal se enfrenta a una severa debilidad operativa. La causa principal es la drástica reducción presupuestal dictada bajo políticas de austeridad.
Para 2026, el presupuesto asignado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sufrió un recorte de 25 mil millones de pesos en comparación con el año anterior, situándose en solo 36,689 millones de pesos. Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) cuenta con apenas 827 millones de pesos para vigilar el cumplimiento ambiental en todo el territorio nacional. Organismos internacionales como el Banco Mundial y la OCDE estiman que México debería invertir entre el 1.5% y el 2% de su PIB (alrededor de 150 mil millones de pesos anuales) para garantizar la sustentabilidad hídrica.
Impunidad y la paradoja de la conservación
El deterioro del marco institucional hace que contaminar resulte económicamente más rentable que cumplir la ley. Las demandas ciudadanas y los procesos legales contra industrias y municipios contaminadores suelen encarar procesos burocráticos que tardan años o décadas sin llegar a sanciones efectivas.
A esto se suma el debilitamiento de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), responsable de la protección de las cuencas y bosques que funcionan como «fábricas naturales de agua». La transferencia de recursos hacia programas de subsidio directo sin enfoque técnico de cuenca ha dejado desprotegidos los ecosistemas clave para la recarga de acuíferos.
Un futuro con menor disponibilidad de agua
La disponibilidad promedio anual de agua per cápita en México ha caído dramáticamente: de 10,000 metros cúbicos en 1960 a menos de 3,700 metros cúbicos en la actualidad, con proyecciones que prevén descender de los 3,000 metros cúbicos para 2030. Además, el 56% del abastecimiento nacional proviene de aguas subterráneas cada vez más sobreexplotadas y profundas, mientras que más del 75% de las aguas superficiales registran niveles preocupantes de contaminación.
Gobernar el agua exige superar el discurso de las buenas intenciones, dotar de presupuesto real a las instituciones encargadas de la supervisión y ejercer el estado de derecho sin arbitrariedades. Sin capacidades operativas, el derecho humano al agua continuará siendo letra muerta y la escasez seguirá detonando conflictos sociales a lo largo del país.
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