Por: Nexos
A 25 años de la aprobación de la Carta Democrática Interamericana por la Organización de Estados Americanos (OEA), la democracia en varios países de América Latina enfrenta un deterioro acelerado. A diferencia de los golpes de Estado militares del siglo XX que irrumpieron de forma abrupta, los regímenes populistas actuales consuman la erosión de las libertades desde las entrañas del propio gobierno.
El comportamiento parasitario en la función pública
Existe una clara analogía entre los gobernantes populistas y los insectos parasitoides que incuban sus huevos dentro de un hospedador vivo para devorarlo internamente hasta causarle la muerte. De manera similar, diversos líderes elegidos democráticamente utilizan los mecanismos de la legalidad para desmantelar progresivamente el sistema que los llevó al poder, eliminando la separación de poderes y la independencia judicial sin escrúpulos.
El impacto de las reformas en el sistema mexicano
En el caso de México, la degradación del régimen democrático se ha consolidado principalmente mediante reformas constitucionales e intervenciones en instituciones clave del Estado:
- Captura y reforma del Poder Judicial: La eliminación de la carrera judicial para dar paso a elecciones populares sin contrapesos, cancelando de facto la capacidad de revisión constitucional y la imparcialidad de los tribunales.
- Desmantelamiento de órganos autónomos: La supresión de instituciones de transparencia y competencia económica como el INAI, así como la subordinación de la CNDH, debilitando la rendición de cuentas.
- Injerencia del crimen organizado: El incremento de denuncias sobre la intromisión de grupos delictivos en campañas y procesos electorales a nivel regional.
- Ataques a la libertad de expresión: El avance de iniciativas restrictivas como la denominada "Ley Meme", junto a la censura previa y el acoso legal a periodistas, investigadores y organizaciones civiles.
En un periodo de ocho años, los contrapesos democráticos construidos a lo largo de décadas han sufrido un proceso acelerado de demolición que pone en grave riesgo el Estado de derecho en el país.
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