Por: Alejandro Aguirre Guerrero / Entorno Político
La rendición de cuentas no comienza cuando un secretario de Estado sube a la tribuna a exponer los resultados de su gestión. Inicia mucho antes, con el compromiso de quienes tienen la responsabilidad constitucional de fiscalizar, evaluar y cuestionar el ejercicio del poder público. Por esta razón, la presencia de las y los legisladores en las comparecencias tras la entrega del Informe de Gobierno no constituye un mero formalismo protocolario, sino un pilar fundamental de la vida democrática.
Visiones encontradas en la conducción del Congreso
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Esteban Bautista Hernández, ha enfatizado la necesidad de mantener una estricta disciplina parlamentaria. Su llamado a acudir tanto a las jornadas matutinas como a las vespertinas responde a una lógica elemental: quienes representan a la ciudadanía no pueden ausentarse justamente en el momento en que se exige transparencia al gabinete estatal.
Sin embargo, la postura emitida desde la presidencia de la Mesa Directiva por Luis Vicente Aguilar Castillo aporta un matiz distinto. Al descarrilar la posibilidad de sanciones económicas por ausentismo y apelar únicamente a la conciencia individual, deja abierto un debate sobre las consecuencias reales del incumplimiento de las obligaciones legislativas.
Disciplina versus voluntarismo: el mensaje político
Aunque jurídicamente el reglamento sobre faltas en sesiones ordinarias difiera del esquema de las comparecencias, el mensaje hacia la opinión pública debe ser firme e inequívoco:
- Exigencia pareja: No resulta congruente demandar rigor, preparación y cuentas claras a los funcionarios comparecientes si la asistencia de los fiscalizadores queda sujeta al criterio personal de cada diputado.
- Reglas claras: La glosa del informe requiere orden y rigor institucional. La fiscalización pública no puede sustentarse en la buena voluntad, sino en mecanismos de responsabilidad profesional.
El Congreso local tiene la facultad indiscutible de revisar el uso de los recursos del estado, pero dicha facultad pierde fuerza moral si no viene acompañada de un compromiso de trabajo y asistencia ejemplar por parte de los propios legisladores.
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