Por: Alfonso Zárate / Grupo Consultor Interdisciplinario
La profunda degradación política, económica y social en Sinaloa constituye el desafío de mayor envergadura para la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Este deterioro fue gradual: el grupo criminal asentado en Culiacán extendió paulatinamente su influencia sobre las instituciones públicas mediante mecanismos de coacción y corrupción, sosteniendo una frágil pax narca ante la complacencia social y gubernamental.
Crisis de gobernabilidad e infiltración electoral
Diversas voces han señalado las severas anomalías que marcaron el ascenso de la actual gestión estatal encabezada por Rubén Rocha Moya. Acciones de intimidación, privación de la libertad de operadores políticos, robo de urnas e inyección de recursos de procedencia ilícita habrían permeado la contienda electoral. Bajo este esquema, la delincuencia organizada pasó de cooptar mandos policiales y locales a influir de forma integral ante la omisión e ineptitud de las autoridades en sus tres niveles.
El impacto social y la respuesta federal
La violencia desencadenada por el conflicto interno entre las facciones de los Mayos y los Chapitos ha dejado un saldo devastador: más de 3 mil homicidios y miles de personas desaparecidas. A pesar de la presencia de 14 mil elementos del Ejército y la Guardia Nacional, la estrategia oficial ha carecido de la astucia operativa e inteligencia política requeridas para recobrar el Estado de derecho y la institucionalidad.
Continuidad del statu quo
Frente a la gravedad del escenario, las decisiones adoptadas desde el Ejecutivo federal apuntan hacia el preservamiento del statu quo. En lugar de una desarticulación profunda de las estructuras corruptas, se ha optado por un gatopardismo político. Muestra de ello es la relevancia de perfiles como Graciela Domínguez Nava, exsecretaria de Educación estatal y figura cercana al grupo en el poder, quien ha respaldado públicamente la narrativa oficial frente a las investigaciones internacionales.
En palabras de Martha Elena Reyes, presidenta de Coparmex en la entidad, la sociedad sinaloense enfrenta actualmente «el robo de sueños y esperanzas», en medio de una crisis cuya solución exige una verdadera voluntad de transformación institucional.
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