Por: El Universal
La Consejera Jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde Luján, presentó ante el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados el paquete de iniciativas de carácter prioritario para el último año de la legislatura. Entre las reformas clave destacan la regulación de la doble nacionalidad para cargos de elección popular, la creación de una nueva Ley General Anticorrupción y la consolidación del sistema IMSS-Bienestar.
Durante la reunión plenaria de la bancada guinda, la funcionaria destacó el alto ritmo de aprobación en el Poder Legislativo, señalando que, en apenas dos años, las cámaras de Diputados y Senadores han avalado un centenar de iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: 27 de rango constitucional y 73 correspondientes a leyes secundarias.
Clarificación sobre la doble nacionalidad en cargos de elección
Uno de los proyectos centrales expuestos por la Consejera Jurídica busca resolver la ambigüedad en la interpretación del artículo 32 de la Constitución. Alcalde precisó que, si bien la carta magna reserva ciertos cargos a mexicanos por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad, las interpretaciones laxas han permitido que personas con doble nacionalidad encabecen gubernaturas.
La modificación obligará a cualquier aspirante a la Presidencia de la República o a una gubernatura a renunciar formalmente a su segunda nacionalidad ante el Instituto Nacional Electoral (INE) antes de formalizar su registro como candidatura.
Fiscalización en tiempo real y certeza jurídica en salud
En materia de transparencia, se impulsará una Ley General Anticorrupción que implemente herramientas tecnológicas avanzadas. El objetivo es permitir a la Federación fiscalizar casi en tiempo real la ejecución del presupuesto público y la adjudicación de contratos gubernamentales.
Finalmente, se dará prioridad a la reforma de la Ley del IMSS-Bienestar con el fin de otorgar una estructura legal permanente a la institución, la cual actualmente opera mediante decretos y convenios en 24 entidades del país. Con ello, se establecerán con claridad sus reglas de operación, facultades y asignaciones presupuestales.
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