Por: H. Congreso del Estado de Chihuahua
Chihuahua, Chih.— Con el respaldo de más de 4 mil 700 firmas de maestros de diversas regiones de la entidad, el diputado Pedro Torres Estrada impulsa una iniciativa legislativa destinada a brindar protección jurídica, dignidad e integridad al personal docente, directivo y administrativo frente a denuncias infundadas, amenazas y actos de violencia digital o institucional.
Protección jurídica y dignidad para el magisterio
Acompañado por las docentes Dalila Flores Gutiérrez y Clara Cecilia Iturralde Ávila en la sede del Congreso del Estado, el legislador explicó que la propuesta plantea reformas clave a la Ley Estatal de Educación y al Código Penal del Estado de Chihuahua. El objetivo es frenar procesos administrativos y penales derivados de acusaciones falsas que dañan de manera irreparable la estabilidad laboral, reputación y salud de los educadores, sin desproteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Puntos clave de la propuesta de ley
La iniciativa busca incorporar herramientas jurídicas inéditas en la legislación estatal, entre las que destacan:
- Respeto y civilidad de tutores: Modificación a la Ley Estatal de Educación para establecer la obligación de padres de familia y tutores de conducirse con decoro y respeto hacia el personal escolar, absteniéndose de intimidaciones o agresiones verbales y físicas.
- Agravante por amenazas: Reforma al Código Penal para incrementar en una tercera parte las penas cuando el delito de amenazas sea cometido contra trabajadores de la educación.
- Sanciones a acusaciones infundadas: Mecanismos para inhibir conductas que utilicen denuncias falsas como un instrumento de persecución o amedrentamiento.
Voces del sector educativo
Durante la entrega de las firmas, la maestra Dalila Flores destacó que el amplio apoyo recibido refleja una constante preocupación dentro del gremio por la falta de mecanismos de defensa eficientes. Asimismo, la maestra Clara Cecilia Iturralde subrayó la urgencia de fortalecer el marco legal ante el incremento de agresiones físicas y verbales hacia los docentes por parte de padres de familia.
Finalmente, Pedro Torres enfatizó que esta propuesta no busca encubrir faltas reales ni limitar el derecho a denunciar, sino garantizar investigaciones con sustento. "Defender a las y los trabajadores de la educación también significa defender la calidad de la educación pública", puntualizó el legislador.
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