Por: Gobierno de México
La Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente forma parte de los programas prioritarios del Gobierno de México, cuyo objetivo central es otorgar un apoyo económico directo para mejorar la calidad de vida de este sector de la población y revertir la desigualdad social.
Cobertura y requisitos por entidad federativa
El esquema de atención del programa varía según la entidad, gracias a los convenios de universalidad suscritos entre la administración federal y los gobiernos estatales:
- Universalidad (0 a 64 años): En 24 entidades del país, la pensión se entrega a todas las personas con discapacidad permanente dentro de este rango de edad. Los estados participantes son Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
- Atención focalizada (0 a 29 años y zonas prioritarias): En los ocho estados restantes, el apoyo se otorga de manera general a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 0 a 29 años. Para mayores de esa edad, la entrega se concentra exclusivamente en municipios y localidades indígenas, afromexicanas o con alto y muy alto grado de marginación.
Un derecho con rango constitucional
Este programa social está elevado a rango constitucional. Esto significa que el Estado mexicano, a través de sus niveles federal y estatal, tiene la obligación legal de cumplir con la entrega de esta pensión de forma permanente, independientemente de las administraciones o gobiernos en turno.
Brechas de desigualdad y panorama nacional
La necesidad de impulsar esta política pública responde a la condición de vulnerabilidad que enfrenta este sector en el país. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México habitan 6.2 millones de personas con discapacidad, un grupo que enfrenta importantes limitaciones estructurales:
- Acceso al mercado laboral: Solo 4 de cada 10 personas con discapacidad forman parte de la población económicamente activa.
- Disparidad de ingresos: Aquellas personas que logran insertarse en el ámbito laboral perciben un ingreso mensual 13% menor en comparación con el resto de la población.
- Obstáculos de infraestructura e inclusión: Persisten barreras de comunicación e infraestructura adecuada que impiden el acceso pleno a servicios fundamentales como la salud y la educación.
Con la consolidación de esta pensión, las autoridades buscan garantizar un ingreso básico que permita avanzar hacia la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en la sociedad, en condiciones de mayor equidad e inclusión.
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