Por: Ángulo 7
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso la clausura total temporal de la presa de jales ubicada en el Ejido de Eloxochitlán, en el municipio de Zacatlán, Puebla, tras verificar fallas en la contención de residuos provenientes de la extracción minera.
La determinación de la autoridad federal responde a las inspecciones realizadas en el predio el pasado 20 de agosto, donde personal técnico evaluó las lagunas de decantación, la planta de lavado y las zonas aledañas. En la revisión se constató que la inclinación del terreno provoca que, en temporada de lluvias, el agua arrastre residuos de feldespato hacia las zonas bajas, acumulando montículos de entre tres y cinco metros de altura.
Insuficiencia en las medidas de contención
Aunque la empresa responsable instaló un bordo de contención de aproximadamente 70 metros de largo por 1.20 metros de alto para frenar la dispersión de materiales y agua contaminada, los habitantes de Eloxochitlán manifestaron que la infraestructura actual no garantiza la seguridad ambiental del lugar.
Los pobladores, quienes desde octubre de 2025 han solicitado la intervención de las autoridades e incluso el retiro de las concesiones mineras, señalaron que los deslaves continúan afectando los terrenos colindantes.
Requisitos para la reanudación de actividades
Para levantar la clausura y autorizar la reanudación de las operaciones, la Profepa determinó que la minera deberá cumplir estrictamente con los siguientes puntos:
- Obras de infraestructura: Realizar adecuaciones técnicas inmediatas en la planta de lavado, las presas de jales y las áreas de almacenamiento de feldespato.
- Garantía de retención: Implementar un sistema eficaz que impida nuevos escurrimientos hacia predios vecinos durante la temporada de lluvias.
- Aprobación federal: Notificar formalmente las mejoras ejecutadas a la autoridad ambiental para su inspección y posterior dictamen.
Estas acciones se enmarcan en el cumplimiento de las condicionantes ambientales establecidas por la autoridad federal desde diciembre de 2012 para mitigar el impacto ecológico en la Sierra Norte de Puebla.
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