Por: Profepa / El Exprés
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aplicó clausuras totales temporales e inició procedimientos administrativos contra los responsables de actividades de tala ilegal, procesamiento de madera y cambio de uso de suelo sin autorización en los municipios de Xilitla y Santa Catarina, San Luis Potosí.
Operativo en Xilitla: Tala y producción ilícita de carbón
Las inspecciones en Xilitla se llevaron a cabo en terrenos de uso común del Ejido Miramar, luego de un recorrido previo de vigilancia forestal. En el lugar, el personal de Profepa detectó 33 tocones correspondientes a:
- 19 pinos
- 11 encinos
- 3 cedros blancos
El volumen total de los ejemplares derribados se estimó en 38.704 metros cúbicos de madera en rollo. Las autoridades constataron que los árboles presentaban marcas de corte con motosierra y no contaban con la señalización que acredita su extracción legal. Asimismo, en el sitio se hallaron residuos de aserrín y vestigios de elaboración de carbón vegetal en un área aproximada de 8.1 metros cuadrados.
Sanciones en Santa Catarina por cambio de uso de suelo
En el municipio de Santa Catarina, la intervención derivó de una denuncia ciudadana relativa a la remoción vegetal en el predio particular Rancho de Panales. Durante la inspección, las autoridades identificaron la alteración del uso de suelo en una extensión de 12 mil 118 metros cuadrados, así como el aprovechamiento de ejemplares de encino y palo de arco.
En la zona se contabilizaron nueve tocones de entre 30 y 60 centímetros de diámetro, equivalentes a un volumen de 4.684 metros cúbicos de madera, sin que se presentara la autorización emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Consecuencias legales y multas
La Profepa reiteró que el aprovechamiento de recursos forestales maderables y el cambio de uso de suelo sin permiso constituyen infracciones severas a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Dichas faltas pueden derivar en sanciones económicas que van de las 150 a las 30 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), además de las responsabilidades administrativas y penales correspondientes.
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