Por: Congreso de la República del Perú
Con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos fundamentales frente al uso indebido de las nuevas tecnologías, la diputada Marleny Arminta, integrante del grupo parlamentario Ahora Nación, presentó un proyecto de ley que busca incorporar al Código Penal el delito de violencia sexual digital mediante Inteligencia Artificial (IA).
La iniciativa legislativa pretende sancionar a quienes creen, generen o manipulen imágenes, videos o audios de contenido sexual con apariencia real utilizando herramientas tecnológicas sin la autorización de la persona involucrada. Esta conducta delictiva busca frenar una problemática creciente que vulnera la dignidad, intimidad y el honor de las personas, provocando graves repercusiones psicológicas y sociales.
Sanciones y agravantes propuestas
El proyecto normativo plantea una escala de penas privativas de la libertad adaptada a la gravedad de la falta:
- Pena base: Se establece una sanción de dos a cuatro años de prisión para quien cree o difunda este tipo de material manipulado.
- Pena agravada: La pena se incrementará a entre tres y seis años de cárcel si el agresor mantiene o mantuvo una relación de pareja con la víctima, si existe una relación de subordinación laboral o educativa, o si la persona afectada es menor de edad o cuenta con alguna discapacidad.
- Sanción por inducción o explotación de menores: La propuesta endurece drásticamente las penas para quienes induzcan u obliguen a niños, niñas o adolescentes a realizar actos de connotación sexual a través de medios digitales con fines de lucro o beneficio personal, fijando penas de entre 15 y 20 años de prisión.
Protección efectiva ante los delitos tecnológicos
La diputada por la región Arequipa remarcó la urgencia de adecuar las normas penales ante los vertiginosos avances cibernéticos.
«La inteligencia artificial debe estar al servicio del desarrollo y del bienestar de las personas, no convertirse en una herramienta para destruir vidas, vulnerar la dignidad o violentar a nuestros niños, niñas y mujeres. Como Estado tenemos la obligación de anticiparnos a estas nuevas formas de criminalidad y brindar protección efectiva a quienes hoy son más vulnerables», manifestó la parlamentaria.
El texto ingresado por la Mesa de Partes del Parlamento será derivado a las comisiones dictaminadoras correspondientes para su posterior debate y votación en el Pleno.
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