Por: El Heraldo de México / Julieta del Río
La reciente comparecencia del titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Carvente Contreras, ante las comisiones unidas de la Cámara de Diputados dejó más cuestionamientos que certezas. El funcionario admitió tener conocimiento de posibles irregularidades desde 2025; sin embargo, tras más de un año, la ciudadanía sigue sin recibir explicaciones satisfactorias ni resultados concretos sobre las investigaciones.
Irregularidades en licitaciones y empresas vinculadas
Durante su intervención, Carvente Contreras presentó gráficas e información que ya habían sido ampliamente documentadas por el periodismo de investigación. Más allá de una recopilación de datos públicos, se esperaba conocer las acciones específicas emprendidas por el órgano encargado de vigilar y combatir la corrupción.
Entre los casos expuestos destaca el de la empresa Bell-Krom, constituida en marzo de 2020, la cual obtuvo partidas para la provisión de uniformes del proceso electoral de 2024. Esta compañía coincidió en licitaciones con firmas como GCS Imagen Empresarial e IQ Orgullo de Pertenencia, presentando propuestas conjuntas en distintas contrataciones públicas. Estas coincidencias sugieren presuntos acuerdos para simular competencia, por lo que resulta indispensable investigar a fondo sus estructuras accionarias, representantes legales y condiciones de contratación.
Red de «moches» e irregularidades internas
A las anomalías en contrataciones se suma una acusación de extrema gravedad: la presunta exigencia de «moches» a trabajadores del propio OIC del INE. Testimonios de exempleados señalan la existencia de un esquema mediante el cual debían entregar parte de sus ingresos para conservar sus puestos de trabajo, además de reportarse depósitos y vínculos políticos en la asignación de plazas.
Exigencia de rendición de cuentas
El desempeño del Órgano Interno de Control no puede limitarse a la exposición de láminas cuando las denuncias ya han cobrado relevancia pública y parlamentaria. La responsabilidad de rendir cuentas abarca no solo al contralor, sino también a los legisladores encargados de su supervisión, a los consejeros electorales que conocieron de estos hechos y a los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que respaldaron las decisiones institucionales.
Es indispensable que las investigaciones concluyan a la brevedad, se transparente la información y se aplique todo el peso de la ley tanto a quienes ejecutaron las faltas como a quienes las permitieron por omisión o validación.
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