Por: Pie de Página
En el marco de una crisis global por el acceso a la vivienda asequible, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó la Iniciativa de ley de relaciones inquilinarias y rentas justas, razonables y asequibles de la Ciudad de México. La propuesta busca regular el costo de los alquileres, mitigar la gentrificación y proteger a las familias ante incrementos desproporcionados en el pago de renta.
Un problema global con impacto local
Durante la presentación, la mandataria capitalina destacó que el encarecimiento de la vida en las grandes urbes es una problemática internacional. Citó la situación de distintas ciudades del mundo donde miles de personas han tomado las calles ante el alza desmedida en el costo de la vivienda, fenómeno derivado de décadas de especulación inmobiliaria.
De acuerdo con datos presentados por el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, en la Ciudad de México existen al menos 813 mil viviendas en alquiler en las que residen cerca de dos millones de personas. Se informó que en diversas áreas de la capital las rentas promedio oscilan entre los 16 mil y los 24 mil pesos mensuales, con incrementos históricos que han alcanzado entre el 100% y el 200% desde 2015, provocando el desplazamiento de miles de habitantes.
Puntos clave de la propuesta de ley
La iniciativa pretende equilibrar la relación entre arrendadores e inquilinos sin intervenir de manera autoritaria en el mercado ni lesionar la propiedad privada. Entre sus aspectos más relevantes destacan:
- Límite al incremento de rentas: Los arrendadores no podrán aumentar el alquiler por encima de la inflación anual.
- Prohibición de requisitos abusivos: Se eliminarán exigencias fuera de la ley, además de prohibir la discriminación contra familias con niños o personas con animales de compañía.
- Registro obligatorio de contratos: Los contratos de arrendamiento deberán inscribirse ante las autoridades correspondientes para brindar certeza jurídica.
- Respeto a la propiedad privada: Las autoridades enfatizaron que la medida no implica la congelación de rentas ni la intervención gubernamental en resoluciones judiciales.
Nuevas instituciones y protección en desalojos
Como parte central de la reforma, se contempla la creación de la Defensoría de las Relaciones Inquilinas de la Ciudad de México, un organismo público enfocado en la mediación y conciliación para resolver conflictos de forma pacífica y equilibrada.
Asimismo, el secretario de Gobierno, César Cravioto, dio a conocer que se brindará acompañamiento institucional y protocolos con enfoque de derechos humanos durante los procedimientos de desalojo, garantizando que el personal involucrado esté capacitado y registrado en un padrón oficial para evitar violaciones a las garantías individuales.
Jóvenes, los más afectados
El secretario de Bienestar e Igualdad Social, Pablo Yanes Rizo, subrayó que la mayoría de los inquilinos en la capital son menores de 40 años, por lo que el encarecimiento habitacional golpea con mayor fuerza a la juventud. Las autoridades señalaron que esta medida busca prevenir una crisis social mayor y garantizar el derecho a la ciudad para quienes la habitan.
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