Por: Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
El diputado federal y presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, Ricardo Mejía Berdeja, exigió investigar hasta las últimas consecuencias a las empresas que integran el denominado "Cártel de las Boletas", al cual calificó como un oligopolio tramposo beneficiado durante años con contratos del Instituto Nacional Electoral (INE).
Red de corrupción de más de dos décadas
El legislador sostuvo que las responsabilidades penales y administrativas no corresponden únicamente a la gestión actual del órgano electoral, sino a una red de corrupción de más de 20 años que inició desde las presidencias de Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova. Detalló que los empresarios José Alfredo Hernández y Raymundo Hernández, mediante firmas como Corporativo ZEG, Cajas Graf y Serviplast, han obtenido contratos multimillonarios a lo largo de distintas administraciones.
Respaldo a la ASF e investigación a los OPLEs
Ante esta situación, Mejía Berdeja respaldó la postura de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar a fondo todos los contratos y el ejercicio del gasto público en la materia. Asimismo, instó a investigar a los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLES), argumentando que las designaciones de consejeros venían acompañadas de recomendaciones para adjudicar contratos de material electoral a este grupo empresarial, sumando un monto cercano a los 2,500 millones de pesos a nivel nacional.
Presunto fraude e irregularidades en Coahuila
En el caso específico de Coahuila, el congresista reveló que se otorgaron casi 300 millones de pesos a esta red. Explicó que en la contienda para elegir diputados locales, la elaboración de las boletas estuvo a cargo de dicho grupo. Por ello, enfatizó que la ASF debe indagar al Instituto Electoral de Coahuila no solo por presuntos anomalías financieras y desvío de recursos, sino también por el uso de boletas sobrantes para cometer fraude en las urnas.
Finalmente, Ricardo Mejía ratificó que la Comisión de Transparencia y Anticorrupción mantendrá el seguimiento puntual hasta que se apliquen las sanciones correspondientes a quienes hayan cometido delitos o hecho uso ilícito de los recursos públicos.
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