Por: Israel Mendoza Pérez
La suspensión concedida por la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Estela Ríos, otorga un respiro jurídico al gobernador de Nuevo León, Samuel García, al frenar temporalmente el juicio político impulsado en el Congreso local por presuntos actos de peculado y enriquecimiento ilícito. Sin embargo, fuera de los tribunales, su administración enfrenta un examen permanente en torno a la efectividad de sus políticas públicas, particularmente en materia ambiental.
Incertidumbre en torno al Impuesto Verde y la calidad del aire
Uno de los compromisos centrales del gobierno estatal fue elevar la agenda ecológica a prioridad. El Impuesto Verde se promovió como un mecanismo para desincentivar la contaminación y financiar proyectos para mejorar el aire en la zona metropolitana de Monterrey. No obstante, a casi cuatro años de su puesta en marcha, el debate público sigue centrado en los montos recaudados, ante la falta de evidencia suficiente sobre sus beneficios reales.
Los indicadores más recientes reflejan la gravedad del problema. El Comité Ecológico Integral reportó que durante el primer semestre de 2026 se registraron 114 días con niveles de partículas PM10 por encima de la norma, lo que representa el 63% de los días del periodo. Aunque la Secretaría de Medio Ambiente, a cargo de Raúl Lozano Caballero, atribuyó este incremento a la actualización de la Norma Oficial Mexicana —la cual redujo los límites permitidos—, la percepción de la población se mantiene marcada por frecuentes contingencias ambientales.
El papel de la Refinería de Cadereyta y la presión regulatoria
A esta problemática se suma la falta de claridad respecto a la Refinería de Cadereyta. Reportes del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire revelan una producción promedio de 35 mil barriles diarios de combustóleo entre enero y mayo. Pese a que Pemex argumentó que el combustible se destina a la comercialización y no al uso interno de la planta, la omisión sobre su destino final mantiene el descontento en la entidad.
Asimismo, la gestión ambiental ha generado fricciones con sectores productivos tras inspecciones y sanciones a empresas y operadores de transporte, como la Ruta 322. Para la autoridad estatal, el desafío radicará en demostrar que las medidas de fiscalización atienden a criterios estrictamente técnicos y transparentes.
Aunque Samuel García logró contener el avance del proceso legislativo en su contra, la efectividad de sus políticas públicas continúa bajo el juicio de una ciudadanía que demanda transparencia en el uso de los recursos del Impuesto Verde y resultados tangibles en la calidad del aire.
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