Por: NotiPress
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) presentó una iniciativa para renovar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, mediante la cual se establece que los grandes proyectos de infraestructura deberán someterse a una evaluación ambiental estratégica obligatoria antes de iniciar su construcción.
Enfoque preventivo y visión territorial conjunta
La titular de la dependencia, Alicia Bárcena, explicó que el objetivo central de la reforma es transformar la política ambiental del país para priorizar la prevención por encima de las sanciones punitivas. Uno de los puntos clave de la propuesta es impedir la fragmentación de megaobras, evitando que desarrollos con un impacto regional amplio sean divididos y evaluados como intervenciones aisladas o independientes.
Bárcena destacó que este principio está estrechamente ligado al ordenamiento territorial, señalando que áreas como la gestión de desarrollos inmobiliarios y el saneamiento de ríos requieren una visión de largo plazo y la participación activa de la sociedad.
Actualización del marco legal y herramientas de restauración
La iniciativa busca modernizar una legislación vigente desde 1988 para responder a los desafíos globales actuales, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Para ello, el proyecto contempla la incorporación formal de conceptos y herramientas que no existían en el marco legal previo:
- Mecanismos de remediación: Inclusión explícita de directrices para la restauración, reparación y remediación de daños ambientales.
- Programa de Restauración Ecológica: Creación de planes estructurados para recuperar ecosistemas degradados.
- Integración de saberes: Incorporación formal del conocimiento científico, la innovación tecnológica y los saberes ancestrales en las acciones de protección ecológica.
Con estas medidas, el nuevo esquema legal busca anticipar los impactos ecológicos de las grandes obras y garantizar una transformación territorial sostenible. La propuesta seguirá ahora el proceso legislativo correspondiente para su análisis y eventual aprobación.
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