Por: El Sol de México
La dirigencia nacional de Morena, así como legisladores y gobernadores de la Cuarta Transformación (4T), se desmarcaron de la sorpresiva reincorporación de Rubén Rocha Moya al Gobierno del Estado de Sinaloa, luego de que este permaneciera más de tres meses separado del cargo tras una serie de señalamientos y acusaciones formuladas por autoridades del gobierno de Estados Unidos.
Rechazo y llamados a la responsabilidad política
La dirigencia de Morena aseguró que no tuvo conocimiento previo sobre la determinación tomada por el mandatario estatal y reiteró su compromiso de respetar el desarrollo de las investigaciones en curso. Paralelamente, legisladores de la bancada oficialista, entre ellos el senador Ricardo Monreal, exhortaron a Rocha Moya a reconsiderar su postura y reflexionar sobre la conveniencia de mantenerse al margen del cargo.
Por su parte, mandatarios estatales alineados al proyecto de la 4T cerraron filas con la Presidencia de la República y expresaron que el gobernador de Sinaloa debe actuar con madurez y responsabilidad frente a la delicada coyuntura que enfrenta la entidad.
Postura de la Segob y severas críticas de la oposición
En el ámbito federal, la Secretaría de Gobernación (Segob) puntualizó que el reingreso de Rocha Moya a la gubernatura responde de manera exclusiva a una decisión de carácter personal. En contraste, líderes y legisladores de la oposición condenaron duramente el hecho, calificándolo como un acto que promueve la impunidad.
Las críticas se intensificaron luego de que voceros del Departamento de Estado de los Estados Unidos remarcaran la imposibilidad de que los grupos del crimen organizado operen de forma efectiva sin la complicidad de funcionarios corruptos en la región.
Retorno a Palacio de Gobierno a puerta cerrada
En su regreso a las funciones administrativas, Rubén Rocha Moya evitó el contacto con los medios de comunicación y abandonó el recinto oficial por salidas secundarias. Sin embargo, se dio a conocer que sostuvo reuniones privadas de trabajo con miembros de su gabinete legal y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa para retomar el control de la agenda gubernamental.
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