Por: La Jornada de Oriente
El ayuntamiento de San Martín Texmelucan inició la recuperación física de los terrenos del tianguis municipal como parte de las acciones para dar cumplimiento a la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Dicho fallo mantiene al municipio bajo la obligación financiera de cubrir más de 500 millones de pesos a causa del histórico conflicto de tierras.
La mañana de este sábado, trabajadores de la comuna procedieron al cercado de una fracción del tianguis ubicado en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco. Las labores se realizaron bajo el resguardo de efectivos de la Secretaría de Marina y de la Policía Municipal.
Desalojo pacífico y concertación con comerciantes
El secretario de Gobernación municipal, Juan Cante, explicó que la intervención respondió al mandato de un juez de distrito para restituir el área al patrimonio municipal. Detalló que, previo a la ejecución, se solicitó la desocupación voluntaria a las organizaciones de comerciantes y se sostuvieron mesas de diálogo para garantizar que el retiro se llevara a cabo de manera pacífica y en orden.
Un litigio con origen en 1994
El problema legal se remonta a mayo de 1994, cuando comerciantes fueron reubicados hacia predios de San Lucas Atoyatenco, donde hoy el tianguis ocupa alrededor de 18.5 hectáreas. Tras años de litigio, la SCJN fijó indemnizaciones a favor de los dueños originales, lo que representa una carga financiera superior a los 500 millones de pesos para la alcaldía.
Los abonos a la deuda iniciaron durante la gestión de la exalcaldesa Norma Layón y continúan en la administración del actual edil, Juan Manuel Alonso; sin embargo, el avance en la compra formal de los terrenos ha sido limitado respecto a la superficie total en litigio.
Estrategias para afrontar la deuda
Entre las opciones financieras planteadas por la comuna destaca la comercialización de los terrenos recuperados entre los propios tianguistas u otros interesados. Los recursos captados se destinarían directamente a saldar el compromiso judicial dictado por la Corte.
De manera paralela, la administración de Juan Manuel Alonso contempla trasladar este centro comercial hacia la zona donde se proyecta la construcción de una nueva Central de Abastos en la región, iniciativa impulsada por el gobierno estatal.
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