Por: Astrolabio
Habitantes del ejido Cerro Gordo, ubicado en el municipio de Zaragoza, denunciaron que la empresa Hoganza abandonó múltiples cargas de explosivos tras la clausura de sus obras por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Ante la amenaza que representan estos materiales para la población y el ecosistema local, los vecinos y colectivos ambientales exigieron la intervención urgente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
Riesgo latente tras la clausura de Profepa
La suspensión de actividades en el Cerro Gordo se derivó de trabajos de explotación no autorizados, la remoción ilegal de vegetación y el uso indiscriminado de explosivos. Sin embargo, tras la salida de la empresa el pasado 19 de agosto, los pobladores descubrieron que los trabajadores dejaron al descubierto barrenos preparados con cargas explosivas.
La organización Guardianes de la Sierra de San Miguelito advirtió que las perforaciones cargadas son extremadamente peligrosas al conservar los materiales y el mecanismo listo para su detonación. Por ello, solicitaron que las autoridades acudan a verificar la zona y realicen el lavado de las perforaciones para extraer el material sin riesgo.
Impacto en la fauna y exigencia de intervención militar
Los habitantes del ejido manifestaron su preocupación no solo por la seguridad de las familias, sino también por la fauna de la región, que ya ha sufrido desplazamientos debido a las detonaciones previas. Entre los avistamientos recientes tras los estallidos se ha reportado la presencia de ejemplares de zorro gris refugiándose cerca de la zona habitada.
Los denunciantes señalaron que la Defensa debe actuar de oficio, ya que fue la dependencia encargada de emitir la autorización previa para el uso de explosivos a la empresa involucrada, mediante el oficio S-4/Explosivos/1377/3439 expedido en junio de 2026.
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