Por: Revista Proceso
La condena a cadena perpetua dictada en Estados Unidos contra Ismael "El Mayo" Zambada representa un riesgo latente para la clase política, mandos policiales y jefes militares en México que solaparon y se beneficiaron de las actividades del Cártel de Sinaloa durante décadas.
Pese a que algunos sectores pensaban que el castigo penal pondría fin a este capítulo, la posibilidad de que Zambada se convierta en testigo protegido o cooperante de la justicia estadounidense mantiene un escenario adverso para sus antiguos protectores. La narcopolítica ha marcado profundamente la relación entre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y la administración de Donald Trump, condicionando la agenda bilateral y la política interna.
Fricciones diplomáticas y reajustes en la política nacional
La tensión entre Ciudad de México y Washington ha alcanzado niveles poco vistos en la relación bilateral. Tras la devolución diplomática de cartas enviadas por la Presidencia mexicana en protesta por el asesinato de un ciudadano mexicano a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas, el gobierno federal enfrenta un panorama complejo en las negociaciones comerciales y de seguridad.
En el plano local, las repercusiones judiciales han generado sismos en los gobiernos estatales, ejemplificados por la destitución y requerimiento del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, así como por investigaciones sobre corrupción y "huachicol" que involucran a exmandatarios como Ernesto Ruffo en Baja California.
Conflictos ambientales y movilización indígena
A la abrumadora agenda de seguridad se suma la resistencia de comunidades indígenas en todo el país contra megaproyectos de infraestructura y técnicas de extracción como el fracking. Asimismo, organizaciones ambientalistas han urgido al gobierno mexicano a interponer recursos ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos frente a las intenciones de Estados Unidos de explotar la minería marítima en la zona Clarion-Clipperton, lo que pondría en grave peligro la biodiversidad del Pacífico.
Adicionalmente, la Riviera Maya continúa sufriendo el impacto económico del sargazo imprevisto, afectando gravemente las finanzas locales y la industria turística en municipios como Playa del Carmen.
Derechos humanos y controversias en el Poder Judicial
En el ámbito de los derechos humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reavivó la controversia sobre el caso Ayotzinapa al emitir una recomendación que exime de responsabilidad al Ejército Mexicano en la desaparición de los 43 normalistas, postura alineada con la tesis del expresidente López Obrador y que provocó el rechazo de los familiares de las víctimas.
Por último, el Poder Judicial enfrenta sus propios desafíos institucionales ante la falta de una legislación integral para atender a más de medio millón de personas desplazadas en el país, aunado a las contradicciones constitucionales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la presidencia y gestión de la ministra Lenia Batres.
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