La detención y traslado al penal de máxima seguridad del Altiplano de Ernesto Ruffo Appel, el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México, ha sacudido el escenario político nacional. Acusado de estar vinculado a una red de contrabando de combustible a través de la empresa Ingemar, el caso destapa no solo el convulso historial del político panista, sino también serias interrogantes sobre la imparcialidad y eficacia del sistema de justicia en el país.
Un historial de claroscuros: De la victoria histórica a la negligencia
En 1989, Ernesto Ruffo hizo historia al arrebatar la gubernatura de Baja California al partido oficialista, tras un acuerdo político alcanzado entre el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari y la dirigencia del PAN. Sin embargo, aquel hito democrático pronto se vio opacado por una administración deficiente y profundamente cuestionada.
Durante su gestión, el control del Cártel de los Arellano Félix en la entidad alcanzó niveles desastrosos, señalados por diversos sectores como una muestra de abierta complicidad o negligencia gubernamental. Paralelamente, su trayectoria se caracterizó por constantes enfrentamientos internos dentro de su propio partido. En 2017, tras la renuncia de Margarita Zavala al PAN, Ruffo generó una fuerte polémica al calificarla despectivamente, exhibiendo el deterioro ético y político de una facción del panismo frente a figuras como la propia Zavala y el expresidente Felipe Calderón.
El caso Ingemar: Pruebas endebles y un proceso opaco
El argumento central de la Fiscalía General de la República (FGR) para procesar al exmandatario radica en su condición de accionista de Ingemar, una firma que tramitaba permisos para empresas de transporte que presuntamente ingresaban combustible ilegal al país. Sin embargo, el expediente presenta vacíos sustanciales que ponen en duda la solidez de la acusación:
En primer lugar, Ruffo ostenta la calidad de accionista y no de operador técnico o logístico de la empresa. En segundo lugar, el exgobernador se había presentado voluntariamente a declarar ante las autoridades más de un año atrás por este mismo expediente. A pesar de esto, y sin haber capturado a los verdaderos operadores de la trama criminal, la FGR determinó su encarcelamiento en una prisión de alta seguridad.
El contraste con Tamaulipas y la justicia selectiva
La celeridad e inflexibilidad aplicada en el caso de Ruffo contrasta de manera dramática con la impunidad que prevalece en otras regiones del país. En estados como Tamaulipas, el tráfico ilegal de hidrocarburos ha alcanzado proporciones industriales al amparo de complicidades al más alto nivel político.
Un claro ejemplo ocurrió recientemente en Reynosa, donde las autoridades "descubrieron" una refinería clandestina con casi cuatro millones de litros de combustible ilegal almacenados en diez tanques de gran escala. Mover semejante volumen requería una logística imposible de ocultar —equivalente a unos 100 camiones de gran capacidad—; no obstante, el operativo concluyó sin un solo detenido, evitando investigar a propietarios, transportistas o funcionarios involucrados.
"Ruffo fue incapaz como gobernador y negligente con el crimen. Ahora es una víctima del poder. Una cosa no descalifica a la otra."
Un sistema judicial bajo sospecha
El procesamiento de Ernesto Ruffo evidencia una preocupante aplicación asimétrica de la ley en México. Aunque su gestión como gobernador y su perfil político hayan sido deficientes y criticables, el uso de instituciones de procuración de justicia para encarcelar a figuras de oposición con pruebas inconsistentes —mientras se ignoran megaestructuras de huachicol vinculadas al poder— debilita el estado de derecho y confirma que la justicia continúa operando bajo criterios estrictamente políticos.