Por: ES PRIMERA MX / Ernesto Reyes
De cara al proceso electoral de 2028, el panorama político en Oaxaca se encuentra marcado por el descontento social y la incertidumbre. Pese a que el sentido común indica que el partido Morena podría retener el poder ejecutivo estatal ante una oposición debilitada, la administración encabezada por Salomón Jara enfrenta severas críticas que la posicionan entre las de mayor desgaste en la historia reciente de la entidad.
Crisis de seguridad e infiltración política en el Istmo
Entre analistas y sectores de la opinión pública existe la percepción de que la actual gestión estatal —señalada por presuntos actos de corrupción, nepotismo y supuestas alianzas con grupos delictivos— impacta de manera directa en la espiral de violencia que aqueja a Juchitán de Zaragoza, la Costa y los Valles Centrales.
El impacto de esta crisis ha traspasado fronteras. Publicaciones internacionales, como el diario español El País, han destacado que la degradación en la región del Istmo de Tehuantepec señala directamente a sectores de la clase dirigente regional. De igual manera, mediciones de la consultora Consulta Mitofsky refieren que la violencia y la inseguridad se han consolidado como la principal preocupación ciudadana, ubicando la aprobación del gobernador por debajo de la media nacional.
Violencia criminal y operativos judiciales
Datos de la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca contabilizan cerca de 957 asesinatos en los últimos cuatro años en la región, atribuyendo hasta un 70% de estos hechos a redes delictivas organizadas. Ante la intervención del Gabinete de Seguridad Federal, las autoridades han ejecutado órdenes de aprehensión contra más de 250 presuntos integrantes de estas bandas, incluyendo a exservidores públicos y presuntos operadores clave del grupo conocido como Los Cromos.
Sin embargo, investigaciones periodísticas e informes locales advierten que los principales mandos de estas estructuras criminales continúan en libertad, mientras diversos testimonios vinculan la operatividad de estos grupos con actores políticos de la zona.
Persecución selectiva e impunidad
Diversas voces críticas señalan que la acción gubernamental se ha enfocado en la contención y encarcelamiento de defensores comunitarios y opositores a proyectos de infraestructura como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en lugar de desmantelar de fondo a las grandes estructuras del crimen organizado.
La persistencia de estos entramados de complicidad entre autoridades y poderes fácticos ha vulnerado la paz social de los habitantes del Istmo, dejando al descubierto una profunda degradación en las instituciones locales de seguridad y justicia.
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