¿A quién le importará el vino mexicano? – Milenio

En una entrevista reciente con mi compañero Alejandro Domínguez, la gobernadora electa de Baja California, Marina del Pilar Ávila, le reiteró que sería una promotora del vino mexicano que se produce en el Valle de Guadalupe.
La tarde del viernes, después de varias denuncias públicas de los habitantes y vinicultores de la zona que, como le contamos en MILENIO jueves y viernes, habían sido ignoradas por el gobierno municipal y el estatal sobre la manera en que una empresa de espectáculos había acabado con la vegetación de 20 hectáreas sin ningún permiso para inaugurarlo el fin de semana con un concierto de miles de personas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizó una visita de inspección y comprobó que “el inspeccionado no presentó autorización en materia de cambio de uso de suelo en terrenos forestales”, por lo que la autoridad federal clausuró el predio y aseguró la maquinaria.
Esa barbaridad, por lo pronto, se ha evitado. Pero si uno revisa las declaraciones de funcionarios del gobierno estatal, algunos del municipio, más bien parecen dolidos porque no hubo concierto. Será que los empresarios dueños del foro y la promotora tienen buenas relaciones con ellos.
Toca entonces ahora a la gobernadora —el presidente municipal es el mismo que omitió sus responsabilidades— y al gobierno federal. Y la tarea es extensa. El Valle de Guadalupe está en crisis. Un dato: el precio de la tierra es hasta cinco veces mayor que en algunas de las regiones vitivinícolas españolas de mayor prestigio. La razón es que ya se comercia como zona turística, no agrícola.
Los productores del valle quieren que el gobierno les ponga orden. Que regule, por ejemplo, la absurda invasión de desarrollos turísticos sin ton ni son que se acaban la poca agua, arruinan el paisaje y contaminan el suelo. Lo que menos importa a estos desarrolladores aliados con políticos es la tierra, lo agrícola. Por cierto, los hoteles y desarrollos han hecho que cada vez haya menos tierra para sembrar y la situación del agua, porque no se ha querido regular ni invertir, es ya crítica. O que se apliquen, cosa que no se hace, las normas y reglamentos aprobados por el municipio después de muchas batallas políticas.
Lo del fin de semana es un primer paso. Veremos ahora qué hace la gobernadora y, sobre todo, si el morenista presidente municipal entendió el mensaje de la Semarnat.
Carlos Puig
@puigcarlos