La decisión del Gobierno argentino de imponer una política de precios congelados que alcanza a cerca de 1,500 alimentos y productos de la canasta básica por tres meses sigue generando malestar entre los empresarios, que prevén un inevitable desabastecimiento en el corto plazo.

Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), señaló que «el empresario argentino es un sobreviviente, en un país que no es amigable con las empresas. El empresario hace un esfuerzo y el Gobierno no sale a ayudarlo. Por eso no hay inversiones».

El presidente del gremio de los comerciantes enfatizó que si el gobierno sigue pensando que el empresario es el mal de todo, “que salgan a la calle a expropiar si creen que es la solución».

Por otro lado, las alimenticias no cierran la puerta a futuras negociaciones con el Gobierno y todavía creen que hay posibilidades de que se llegue a algún tipo de acercamiento en la discusión respecto del congelamiento de precios. Mientras tanto, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios de Argentina (Copal) ya analiza la vía judicial para encarar la medida.

La variable menos dura sería la de imponer un reclamo administrativo, una instancia previa a una presentación judicial, opción que se podría tener en cuenta si la cuestión de fondo no se resuelve.

En cualquier caso, a grandes rasgos, la judicialización del caso tendría como argumento la pérdida de dinero que les genera a las compañías tener los precios congelados durante tres meses.