Corte de Colombia debate sobre aborto: mujeres esperan el fallo fuera del tribunal
La Corte Constitucional colombiana decidirá este jueves sobre dos demandas que piden la despenalización total del aborto, un delito penado con entre uno y cuatro años de cárcel.
Organizaciones defensoras de los derechos de la mujer y activistas contra el aborto se manifestarán en los alrededores del tribunal integrado por nueve magistrados. Para emitir un fallo se requieren al menos cinco votos en un mismo sentido.
Una de las demandas que pide la despenalización total del aborto fue interpuesta por el movimiento Causa Justa, que agrupa a más de 45 organizaciones feministas y defensoras de los derechos de la mujer, que considera que la existencia del delito es la “principal barrera” que impide a las mujeres, especialmente a las más vulnerables, optar por una interrupción voluntaria del embarazo incluso si lo solicitan amparándose en las causales autorizadas.
En Colombia el aborto es legal sólo por tres causas aprobadas en 2006 por la misma Corte: si existe peligro para la vida o salud de la mujer, el feto tiene una grave malformación o el embarazo fue producto de una violación o incesto.
“Si falla a favor lo que la Corte dice es que se tiene que eliminar del Código Penal nacional el delito de aborto y muy seguramente la Corte le puede ordenar o al Ministerio de Salud o al Congreso regular -como lo hizo en matrimonio igualitario- pero bajo el marco de que ya no puede ser un delito”, dijo a The Associated Press Paula Ávila Guillén, directora ejecutiva de Women’s Equality Center.
En Latinoamérica varios países han avanzado en la legalización del aborto o han aceptado excepciones. En Argentina, Cuba, Guyana, Guyana Francesa y Uruguay es legal si se practica entre las ocho y las 14 semanas de gestación, dependiendo del país. Chile sólo permite la interrupción del embarazo en casos específicos como violación, malformación del feto o cuando peligra la vida de la madre. Sin embargo, la restricción es total en Nicaragua, Haití, El Salvador y República Dominicana, de acuerdo con el Centro de Derechos Reproductivos.
