Una política ambiental abandonada | Proceso
La falta de una política ambiental de largo plazo y comprometida con las energías renovables ha perjudicado los ecosistemas y la vida de las comunidades en México. Sumada al adelgazamiento presupuestal de las instituciones federales encargadas de proteger el entorno ecológico y a los intereses de los grandes capitales, o incluso del crimen organizado, la defensa del territorio se ha convertido en una actividad de muy alto riesgo.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Megaproyectos mineros, invasiones, depredación inmobiliaria, fumigaciones aéreas con agroquímicos, contaminación de ríos, acaparamiento de agua, despojo de tierras, construcción de presas, centrales hidroeléctricas, parques eólicos y fotovoltaicos, implican una serie de riesgos ecológicos y climáticos. El Atlas de justicia ambiental, elaborado por la Universidad de Barcelona, ha documentado 173 conflictos ambientales en el territorio mexicano, de los cuales 56 se encuentran en “estado de acción y resistencia”.
“Históricamente el tema ambiental nunca ha estado en la agenda principal, siempre ha sido relegado por la agenda económica”, explica Margarita Campuzano, directora de comunicación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
“Tenemos una política energética regresiva; nos estamos alejando de la transición hacia energías renovables”, advierte Campuzano y agrega: “Sin un medio ambiente sano no es posible ejercer los demás derechos humanos ni de calidad de vida. La degradación ambiental va a golpear siempre a las personas con menos recursos económicos y en situación de pobreza. Sería muy progresista y visionario para un gobierno de izquierda decir que por el bien de todos, primero el medio ambiente”.
–¿Cómo ha sido la gestión de la Semarnat?
–Hemos tenido tres titulares de Medio Ambiente; no hay una visión homologada. Sin embargo, no recibe el presupuesto suficiente. De 2012 a 2018 ha habido un recorte de casi 60% de los recursos asignados al presupuesto federal de Medio Ambiente; en proporción del PIB, el asignado a la Semarnat se ha ido reduciendo y pasó de .38 en 2014 a .11 en 2020.
“El desdén que ha mostrado el gobierno de la 4T por la transición a energías renovables raya en el absurdo, cuando oficialmente las reservas probadas del petróleo, que será cada vez más caro, no dan más que para unos ocho a 10 años, y cinco años en el caso del gas”, escribió el exsecretario Víctor Toledo, poco después de su renuncia, en un artículo publicado en La Jornada.
“Hay un desmantelamiento progresivo del sector ambiental. Todas las dependencias que forman parte de la Semarnat han sido golpeadas en su presupuesto, recursos humanos y materiales”, dice Campuzano.
En 2021 el presupuesto total asignado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) fue de 30 mil 348 millones 192 mil 340 pesos –poco más del presupuesto para el programa Sembrando Vida ese mismo año (27 mil millones)–, de los cuales casi 80% se destinó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el restante entre las unidades administrativas a cargo de la Secretaría.
El Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 incluye siete programas, entre ellos Protección forestal; Programa de conservación para el desarrollo sostenible; Agua potable, drenaje y tratamiento; Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento; Infraestructura para la protección de centros de población y áreas productivas; Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado; Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica.
Pese a que la Conagua se llevó casi 80% de los recursos en 2021, prevalece un rezago en el acceso al agua; según el Cemda, existen aún cerca de 9 millones de personas sin acceso al agua potable y 11 millones sin servicios de alcantarillado, complicando la cobertura universal para 2030.
“Hace falta una visión más integral; entender a la Semarnat como un pilar del desarrollo económico de México. Hablan en la COP26 de la importancia de cuidar el medio ambiente y presumir nuestras Áreas Naturales Protegidas y lo bonito que son las playas; sin embargo, no se entiende que el patrimonio natural está relacionado con el desarrollo”, opina Campuzano.
Por otro lado, Diana Escobedo, investigadora del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, coincide en que el problema es la disminución presupuestal para el cuidado del medio ambiente.
Cuenta: “No se puede trabajar sin poner dinero para los traslados, la gasolina, los censos, el trabajo con comunidades. La federación no tiene agencias gubernamentales para monitorear los sitios estratégicos y, por lo mismo, los centros de investigación no cultivan el análisis a largo plazo.
“Me parece preocupante que el gobierno federal no ve claramente la situación; sus proyectos emblemáticos –como el Tren Maya y Dos Bocas– son cuestionables porque fueron autorizados sin manifestación de impacto ambiental.”
Minería tóxica
Hasta enero de 2021 se adjudicaron 107 contratos de exploración y extracción de hidrocarburos en el país, 48 de ellos en áreas terrestres y el resto en aguas someras y profundas. Petroleras como BHP, Chevron, Shell, Total y Exxonmobil forman parte de las 73 empresas de 20 países con contratos vigentes, según información de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
En el municipio de Bacadéhuachi, Sonora, se pretende abrir una mina de litio (Proceso 2345). En la comunidad de San Antón de las Minas, Dolores Hidalgo, Guanajuato, la minera canadiense Argonaut Gold pretende explotar su Proyecto Cerro del Gallo, ante el riesgo de producir un desequilibrio en el acuífero de la Cuenca Alta del Río Lajas; sin embargo, la Conagua le ha autorizado ocho concesiones de agua subterránea.
Por otro lado, en Epazoyucan, Hidalgo, la empresa Minera del Norte, SA de CV, filial de Altos Hornos de México, pretende remover, mediante el método de minado hidráulico, 100 millones de toneladas de desechos mineros, sin que hasta la fecha se hayan iniciado las obras.
En Playa del Carmen, Quintana Roo, la empresa Calizas Industriales del Carmen SA de CV, ha explotado desde hace tres décadas zonas vírgenes de selva para extraer piedra caliza que luego exporta a Estados Unidos.
Defensores en peligro
Durante 2020 el Cemda documentó 90 agresiones a defensores medioambientales, entre ellas 18 homicidios. En 2021 se han registrado 13 asesinatos vinculados con el trabajo de defensa ecológica, según la organización Global Witness.
A finales de octubre se reportó la desaparición de Irma Galindo Barrios, de 38 años, opositora a la tala clandestina en San Esteban Atatlahuca, Oaxaca, sin que hasta la fecha se tengan noticias de ella.
“No hay una política de Estado que proteja a las personas defensoras; se les ve como violentadores de la paz. El trabajo que se ha hecho a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se ha visto disminuido porque, si de por sí el mecanismo no funciona óptimamente, se le han quitado recursos y volvemos al problema del desmantelamiento del sector ambiental, que incluye la falta de recursos para la protección de las personas amenazadas”, dice Campuzano.
“El activismo ambiental es un ejercicio de alto riesgo”, afirma Escobedo. “Cuando tocas intereses multimillonarios, les estorbas y no hay ley o gobierno que te pueda defender, a menos que te guarden en una cajita. La gente tiene que vivir sin miedo y no estar a expensas de lo que pueda suceder”.
Planta de amoniaco
En las próximas semanas se llevará a cabo una consulta popular para determinar si la población acepta que se continúe con la construcción de la planta de amoniaco en la bahía de Ohuira, en el municipio de Ahome, Sinaloa.
Escobedo advierte un grave problema si se permite su operación. “Por un lado está en un sitio Ramsar (humedal de importancia internacional) desde 2009, en zona federal; forma parte de un sistema lagunar de 125 kilómetros, pero tiene muy poca profundidad y todo contaminante que cae ahí permanece mucho tiempo en el sistema lagunar. Por otro, una fuga de cinco minutos mataría a toda la población de Topolobampo y la nube tóxica llegaría hasta Los Mochis, y en 40 kilómetros tendríamos que escapar para sobrevivir”, ejemplifica.
Ulises Pinzón, activista del colectivo Aquí No, denunció la semana pasada amenazas de muerte por oponerse a la planta de amoniaco.
“Lo más sencillo para uno puede ser doblar las manos y ‘alinearse’ con estas personas, pero a final de cuentas son ellos los que están mal; si en realidad fuera un buen proyecto y estuvieran seguros de su construcción, no realizarían este tipo de actos intimidatorios” (sic), escribió Pinzón el jueves 11 en Facebook.