La OCDE ve escasa la cuota extra de 0,6 puntos para las pensiones y pide elevar el periodo de cálculo

Los sistemas públicos de pensiones de la mayoría de los países han aguantado la embestida inicial del Covid-19 gracias a las medidas de apoyo llevadas a cabo por los Gobiernos para salvaguardar las pensiones de los actuales perceptores. Sin embargo, tal y como alertó ayer la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la pandemia y el esfuerzo temporal extra de los Estados también han puesto de relieve, si no se sabía ya, el impacto que tienen las jubilaciones y su configuración actual en la sostenibilidad de las finanzas públicas de los países. La OCDE, por ello, urgió a las capitales a tomar medidas de cara a asegurar el equilibrio en el medio y largo plazo. Y resumió que los Gobiernos tienen a grandes rasgos tres opciones, o una mezcla de ellas: mayores cotizaciones, trabajar más años o pensiones más bajas.

En el caso español, como es habitual cuando analiza de forma individual cada país, el organismo con sede en París no mostró una hoja de ruta clara a seguir ni criticó abiertamente y sin reservas una medida en concreto. Sí dio, sin embargo, una serie de pinceladas alrededor de todo lo que rodea a la actual reforma de pensiones y a los vaivenes que ha sufrido el sistema a lo largo de los últimos ejercicios.

Por un lado, como ya ha hecho en otras ocasiones, la OCDE recomendó elevar la edad efectiva de jubilación (la edad real a la que se jubilan los españoles) a la vez que se incrementa la edad legal hasta los 67 años. Por otro, cargó contra el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, aprobado recientemente en el Congreso de los Diputados, a la par que sugirió ampliar el periodo de cálculo de las pensiones, una medida que se está debatiendo en el seno del Gobierno y que ya ha enfrentado en varias ocasiones a los dos socios del Ejecutivo.

Hay datos a mansalva, insistió la organización, que muestran la urgencia de afrontar esta problemática en España. Por ejemplo, se espera que en el año 2050 el país tenga 78 mayores de 65 años por cada 100 personas de entre 20 y 64 años, un total de 25 jubilados más que en la media de la OCDE (53). También, que la población en edad de trabajar hasta 2060 caiga en España un 32%, 22 puntos más que en la media de la organización. A su vez, según el informe Pensions at Glance (Pensiones de un vistazo), se prevé que el gasto en pensiones, hoy en el equivalente al 11,3% del PIB frente al 9% de media, se vaya disparando con el paso de las décadas.

De cara a la reforma que recientemente ha sustituido el factor de sostenibilidad, ideado por el antiguo Gobierno de Mariano Rajoy, por el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, la OCDE señaló que la medida ni siquiera reduce el coste de indexar las pensiones a la inflación.

De esta forma, el club de los países ricos minimizó el impacto que puede llegar a tener en el medio y largo plazo la nueva herramienta que eleva las cotizaciones en 0,6 puntos (a repartir entre empresa y trabajador con 0,5 y 0,1 puntos, respectivamente). El plan del Gobierno es aumentar las cotizaciones durante un periodo de 10 años para afrontar la subida del gasto por la jubilación de la generación del baby boom. Sin embargo, adujo la OCDE, la medida solo recaudará un 2,3% del PIB cuando solo la indexación de las pensiones al IPC supondrá un sobrecoste equivalente al 1,4% anual del PIB en 2030 y al 2,6% a partir de 2050.

La novedad, reconoció la entidad que preside el australiano Mathias Cormann, podría llegar a ser útil temporalmente, pero no bastará ni de lejos para compensar el incremento del gasto previsto.

El think tank de los países ricos también señaló que la reciente derogación del factor de sostenibilidad ha provocado que la tasa de sustitución de las pensiones haya crecido hasta el 89%, frente a la media del 62% de la OCDE. A su vez, observó que la derogación del índice de revalorización de las pensiones y el factor de sostenibilidad y su sustitución por la indexación al IPC y por el mecanismo de equidad intergeneracional, respectivamente, muestran que una política de pensiones sostenible en el tiempo requiere de consenso político.

El caso español ilustra, tal y como enfatizó la OCDE, “que una política consistente en el tiempo requiere un amplio consenso político antes de su implementación. De lo contrario, las medidas corren el riesgo de ser políticamente insostenibles, lo que da lugar a retrocesos y debilita la confianza”. En este punto, la organización también cargó contra la reforma del Gobierno de Mariano Rajoy que, en 2013, introdujo el índice de revalorización de las pensiones (IRP) “sin un amplio consenso político”.

Los mecanismos de ajuste automático son cruciales para la sostenibilidad del sistema, resumió el organismo, pero aquellos diseñados “para enmascarar los recortes en las prestaciones en términos reales tienen más probabilidades de fracasar, ya que pueden generar presión sobre los responsables de formular políticas para suavizar su impacto o incluso abandonarlo por completo”.

Periodo de cálculo

En su informe bienal sobre pensiones, la OCDE también entró a valorar, aunque de soslayo, la idoneidad de aumentar el periodo de cómputo de las pensiones. El organismo no se refirió directamente a la necesidad de ampliar el tiempo de cálculo –hoy situado en los 25 años–, pero sí sugirió que la metodología actual que utiliza España podría calificarse de “permisiva”.

La OCDE, en su análisis comparado de los principales países, consideró abiertamente que en España las condiciones para lograr una pensión completa de jubilación son “laxas” si se comparan internacionalmente. Así, mientras que en 2027 un trabajador se puede retirar a los 65 años con una pensión completa si ha cotizado 38,5 años, en Francia hacen falta 43 años cotizados, mientras que en Alemania son necesarios 45 ejercicios. Además, y es en este apartado en el que el club de los países ricos muestra sus intenciones, la gran mayoría de los países tienen en cuenta los salarios a lo largo de toda la carrera para calcular el beneficio de pensión. Dentro de la UE, “solo Francia, Eslovenia y España usan 25 años o menos”, recalcó el organismo, que aunque no se refirió en concreto al caso español, sí afirmó que los cálculos fijados para acceder a la pensión completa son “permisivos”.

Pese a la recomendación velada, el organismo con sede en París se limitó en su extenso informe a explicar varias metodologías aplicadas en diferentes países para calcular la pensión, y no pidió ni exigió ningún método ni una franja temporal a escoger durante la carrera laboral del trabajador para cuantificar la futura asignación.

Cabe recordar que el Gobierno de coalición se encuentra analizando la reforma para ampliar el periodo de cómputo de la pensión, uno de los requisitos firmados con la Comisión Europea para asegurar la recepción de parte de los fondos comunitarios que sufragarán el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La reforma, que debería estar publicada en el Boletín Oficial del Estado en el cuarto trimestre de 2022 como muy tarde, alargará el periodo de cálculo en más de 25 años, aunque también podrá recoger fórmulas para beneficiar a los futuros pensionistas para que, por ejemplo, puedan escoger la parte de la carrera laboral que más les beneficie.

Otros detalles

En los anexos del informe referidos a la situación de cada país, la OCDE identifica otras características relativas al sistema de pensiones español y a sus efectos en la economía. En esta ocasión, el organismo parece que no entra a valorar de ninguna de las maneras las consecuencias y los efectos de estos datos, pero sí recuerda, por ejemplo, que los ingresos medios de los españoles de más de 65 años son más altos en términos relativos que los de la media de la organización.

En concreto, según los cálculos, los ingresos de los pensionistas suponen un 96% de los ingresos medios de la población general del país, frente al 88% de media en la OCDE. Con todo, no se entra a valorar en si esto sucede por unas pensiones demasiado elevadas o por unas rentas del trabajo que percibe el resto de la población que son más bajas que la media.

En la misma línea, la OCDE analiza la tasa de reemplazo, que equivale al porcentaje que resulta al comparar el último sueldo percibido con la primera pensión. El sistema de pensiones, añadió la OCDE, “seguirá proporcionando altas tasas de reemplazo incluso con carreras cortas”. Para los trabajadores con salario medio y una carrera completa en España, “la tasa de reemplazo neta futura habría sido del 80% teniendo en cuenta el factor de sostenibilidad”. Ahora, con este método ya caduco, la tasa “equivale al 89% frente al 62% de media de la OCDE”. Esta alta tasa de reemplazo será elegible a los 65 años, mientras que el mismo nivel requerirá trabajar hasta los 69 años en los Países Bajos. Italia, por su parte, tendrá el 82% a los 71 años, y Dinamarca, el 84% a los 74 años.

Mecanismos de ajuste

La OCDE reiteró en un sinfín de capítulos de su informe que el reto al que se enfrentan los países es el envejecimiento de la población. De todas las alternativas y combinaciones posibles, el organismo aplaudió los mecanismos de ajuste automático, que ya existen en dos tercios de los países analizados. Son, a juicio de los expertos, fórmulas “cruciales” que reducen el coste político de mantener la viabilidad del sistema, ya que evitan muchas reformas recurrentes y disminuyen el riesgo de tener que proceder a ajustes muy pronunciados. También los definieron como transparentes y justos entre generaciones. La OCDE, como sugerencia, recomendó fijarse en los modelos escandinavos, que a grandes rasgos indexan la edad de jubilación con la evolución de la esperanza de vida.