La minería metalífera está en la encrucijada – El Economista

Para todos los que creemos que la minera metalfera es un sector estratgico que puede y debe hacer una mayor contribucin a la economa del pas, resulta muy frustrante ver las simplificaciones interesadas, los conflictos de intereses y los trminos extremos en que se plantea su desarrollo (como en el caso de Chubut) sin reconocer su especificidad, su intrnseca complejidad y la absoluta necesidad de transparencia que demanda ese sector.

En efecto, la minera metalfera tiene caractersticas propias, incluyendo su carcter estratgico, su inters geopoltico, su carcter no renovable, su riesgo ambiental diferencial, la especificidad de los mercados de metales y la presencia de grandes multinacionales, que la diferencian de otras industrias primarias, y que por tanto demandan una visin, un entendimiento, un posicionamiento, un tratamiento y, en definitiva, una poltica diferencial.

El no reconocimiento de estas diferencias, o la ausencia de una poltica que las contemple, sumada a la relativa incompetencia de los responsables polticos, ha llevado a esta situacin de bloqueo, extrema polarizacin y profunda y bien ganada desconfianza de la sociedad.

Una mina es una rara ocurrencia en la naturaleza, su distribucin es escasa y geogrficamente aleatoria, de all su carcter estratgico y su inters geopoltico ya que las sociedades modernas son sociedades de base minera. Y lo sern ms aun en la medida que se profundice la transicin ecolgica en los prximos 30 aos. La transicin energtica en particular, desde los combustibles fsiles a las energas renovables y la subsecuente electrificacin, va a demandar en menos de una dcada un considerable incremento en la produccin actual de metales crticos como, entre otros, el litio, el cobre, el aluminio, la plata, el cobalto, el nquel, el manganeso y las tierras raras, segn el Banco Mundial.

Cada uno de esos metales representa tambin mercados y cadenas de valor diferenciales con caractersticas especficas en su distribucin geogrfica, sus relaciones de oferta y demanda, sus niveles de competencia/concentracin, sus elasticidades de sustitucin, sus desarrollos tecnolgicos, el perfil de las empresas y pases participantes, y su huella ecolgica entre otras caractersticas a considerar.

A lo que hay que agregar el carcter no renovable e intergeneracional del recurso minero. Un recurso finito, cuya explotacin genera incluso un dilema intergeneracional. Es una bala de plata que se usa y se agota. Ya no estar disponible para la prxima generacin. 

Por tanto, su explotacin tiene que estar en armona con una poltica de desarrollo y articulacin del territorio y su creciente industrializacin. Puede usarse como una palanca financiera para crear infraestructuras o desarrollar otras actividades alternativas sustentables, pero esto tiene que ser explicitado y legitimado tcnica, social y polticamente. 

De momento, ese no es el caso. No se explicita ni se discute como se genera y se distribuye la renta minera. Se relativizan, niegan u ocultan sus serios problemas ambientales. Y en su lugar se habla alegremente de un concepto vago, la licencia social. Un concepto vaco de contenido, no formalizado, no cuantificable y no exigible. Es un aporte indefinido, discrecional y voluntario de las empresas. En definitiva, una ddiva.

Es a todas luces muy desbalanceado poner a negociar a una sofisticada empresa multinacional, asistida adems por un ejrcito de lobistas profesionales, cuyo objetivos estratgicos son extractivitas(minimizando la industrializacin local y fomentando operaciones de tipo enclave), con autoridades provinciales o dirigentes sociales locales agobiados por la pobreza cuyo mximo objetivo suele ser un mnimo desarrollo local. Su debilidad es tal que terminan asumiendo la lgica del poder dominante y favoreciendo sus intereses (los conquistadores espaoles inicialmente ofrecan espejitos de colores a los indios, y luego introdujeron las regalas en sus colonias).

La minera, como cualquier otra industria, contamina. El problema no es tanto en que medida lo hace, sino dnde lo hace. En efecto, en nuestro caso, la Cordillera es la cuna de la gran minera pero tambin de los ambientes glaciares, que son la mayor reserva estratgica de agua, y la naciente de los ros y arroyos que dan vida a los valles cordilleranos. 

Este entorno de trabajo en la alta montaa dista muchsimo del ambiente controlado de una operacin industrial convencional. El clima, las condiciones de trabajo, las distancias, el tamao de los equipos, los enormes desplazamientos de materiales y las dificultades operativas son de otra dimensin. 

En abril de 2019 el diario Clarn revel un operativo indito para trasladar 100 toneladas de mercurio de la mina Veladero, en San Juan, hasta el puerto de Santo Antonio, en Santiago de Chile, pasando por el puerto de Jama en Jujuy a 4.200 metros de altitud. Es decir, luego de atravesar 6 provincias y recorrer cientos de kilmetros con una carga sumamente peligrosa.

Hablamos de revelacin porque hasta 2019 nunca se haba informado pblicamente ni por parte de la empresa ni de los funcionarios provinciales que esta mina de oro lo fuese tambin mercurio, en produccin primaria desde 2005 y acumulando mercurio liquido desde 2012. 

Contraviniendo el Convenio de Minamata, del que Argentina es signatario y, que explcitamente incluye disposiciones en materia de informacin pblica, educacin ambiental y fomento de la participacin ciudadana con el objetivo proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropgenas del mercurio y sus compuestos.

Si la produccin primaria continua hoy y al momento del operativo de traslado en 2019 todava existan en la mina otras 340 toneladas, est claro que aun hay un considerable stock en mina para ser trasladado (a menos que se lo pueda inertizar y soterrar in situ), que constituye una considerable bomba de tiempo, tanto si se lo almacena, como si se lo traslada.

El traslado de mercurio metlico por carretera es una operacin sumamente peligrosa. Un accidente en Per en el 2000 al volcar un camin de la empresa minera Yanacocha que derram solo 150 kilogramos tuvo consecuencias letales para la comunidad de Choropampa, porque segn varios expertos la empresa inici la recogida de los residuos, que se haban extendido unos 27 kilmetros, ofreciendo recompensas por kilo de metal recuperado, sin comunicar a la poblacin que se trataba de un material muy txico.

Los problemas ambientales en alta montaa tienen el aadido de que el gradiente de potencial hdrico es tan alto (operaciones a ms de 4.000 metros de altura) que una contaminacin en origen puede manifestarse a cientos de kilmetros de distancia. 

Entre 2015 y 2017, (la empresa Barrick operando la mina Veladero) tuvo tres derrames accidentales de cianuro sobre el ro Jachal que obligaron a paralizar algunas de sus reas y retras el plan de extraccin. Un informe de la Universidad Nacional de Cuyo detect elevadas dosis de mercurio, manganeso, aluminio, antimonio, bario, plata, plomo, cromo, nquel, cadmio y cobalto en el ro La Palca, que aporta el 70% del caudal del ro Jachal. Las agrupaciones ambientalistas resisten esta explotacin y sostienen que afecta los pocos reductos de agua pura y los glaciares de la cordillera andina (Clarn 24/4/2019).

Estos accidentes fueron negados inicialmente y finalmente reconocidos.

Con lo relevante que es ese riesgo de contaminacin, no es, sin embargo, el ms importante. El riesgo propio y ms importante de la minera es el riesgo ambiental. Un riesgo que puede derivarse de un movimiento ssmico o un fenmeno climtico impredecible. El riesgo ambiental, precisamente por ser un riesgo desconocido y no cuantificable, es un riesgo no asegurable. El problema, conceptualmente, es que no sabemos lo que no sabemos. Por tanto, todos los escenarios posibles merecen ser considerados.

Estos riesgos ambientales son muy difciles de evaluar dada su: 1) imprevisibilidad (el desastre surge de lo que no conocemos), 2) incalculabilidad (son riesgos no asegurables), 3) no compensabilidad (irreversibilidad de los daos), 4) atemporabilidad (daos con largusimos periodos de latencia); 5) Deslocalizacin (su origen puede estar un sitio y su impacto en otro) y 6) anonimidad e ininputabilidad (compleja asignacin de responsabilidades, concluyndose usualmente en el consabido fallo humano).

Si bien siempre ser mejor prevenir que curar, al principio de precaucin hay que matizarlo con el de proporcionalidad. Es decir, las medidas que se tomen deben ser proporcionales al riesgo analizado. Y, por otra parte, tampoco es realista la bsqueda de la certidumbre total para actuar ya que ira contra del propio principio de precaucin, pues supondra la no accin.

En ese entorno de gran incertidumbre, la experiencia histrica muestra una nica certeza. En la mayora de los desastres ecolgicos recientes, ha sido el Estado quien ha tenido que asumir el mayor costo resultante una vez producido el siniestro. La sociedad, por tanto, se enfrenta a riesgos potencialmente muy importantes, con casi una nica certeza: si algo malo ocurre, ser la nica que quede en pie para pagar la factura.

A estas dificultades reales para evaluar los riesgos verdaderos hay que agregar la marcada tendencia de las empresas a no informar en tiempo y forma (primero niegan los problemas y solo los admiten cuando se ven superados por la realidad), y la actitud complaciente y poco responsable de las autoridades mineras, que terminan generando un entorno de cuestionable credibilidad y mucha  desconfianza.  A estos intentos por negar los problemas reales hay que agregar los esfuerzos interesados del lobby minero por relativizarlos o negarlos, de una manera tan burda que solo contribuyen a generar ms desconfianza aun.

Desde el punto de vista de la poltica minera, este complejo escenario demanda: 1) el reconocimiento del carcter estratgico, no renovable y de inters geopoltico del recurso minero, 2)  la explicitacin de la renta minera y su distribucin, 3) la no ignorancia del principio de precaucin frente al riesgo ambiental 4) compensar la gran asimetra en el poder de negociacin de los principales agentes involucrados y propender a la industrializacin aguas abajo del recurso, 5) una mayor institucionalidad que genere inteligencia publica y confiable y 6) una probada competencia (conocimiento especifico) e independencia de criterio de sus funcionarios y dirigentes y 7) una transparencia total en la gestin que inspire suficiente confianza en la sociedad.  

Ninguno de estos atributos estn presentes en la actual poltica minera nacional.