Entra en vigor en la región de Asia-Pacífico el RCEP, el mayor acuerdo económico de libre comercio
15 países forman parte del acuerdo, considerado el tratado de libre comercio más grande del mundo. Casi un tercio de la población y el 30% del producto interno bruto globales se concentran en el área que cubre el convenio, cuyos miembros -entre los que no está EE. UU.- intercambian un volumen de comercio mayor entre sí que con Estados Unidos y Europa juntos. Los detractores creen que está demasiado centrado en favorecer a China y aquejan poca regulación en derechos laborales y medio ambiente.
El 1 de enero entró en vigencia la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés), un tratado de libre comercio que busca incrementar en 42.000 millones de dólares el intercambio en un área que reúne a la segunda economía más poderosa del mundo, la de China, casi un tercio de la población mundial y el 30% del producto interno bruto global.
El acuerdo, considerado el tratado de libre comercio más grande del mundo, incluye a 15 países, y en él están centradas las esperanzas del relanzamiento económico de la región en medio de la pandemia.
En una primera etapa, el RCEP se activó en Australia, Brunéi, Camboya, China, Japón, Laos, Nueva Zelanda, Tailandia, Singapur y Vietnam, y el 1 de febrero lo hará en Corea del Sur.
Aún se espera la ratificación de Malasia y Filipinas, y el ministro jefe de Economía de Indonesia, Airlangga Hartarto, aseguró el viernes que cree que su país ratificará la adhesión en 2022. Myanmar ya lo aprobó, pero el bloque aún debe dar el visto bueno para la entrada de la nación, cuyo gobierno fue derrocado por un golpe militar.
Entre tanto, brilla por su ausencia Estados Unidos, en un tratado que es considerado como un trampolín para China para seguir consolidando su economía en los próximos años y décadas, así como una palanca para fortalecer su zona de influencia tras la crisis creada por la pandemia.
¿Cuáles serán los beneficios que el RCEP traerá a sus miembros?
El tratado prevé reducción de aranceles en aquellos productos manufacturados con al menos 40% de partes procedentes de la región del RCEP, que en este momento representan el 65% de los bienes que se intercambian entre los países firmantes. Se espera que luego de 20 años de vigencia del convenio, esa proporción llegue al 90% de los productos.
La reducción de ingresos a los estados por concepto de aranceles no debería afectar la prestación de servicios públicos como salud o gasto social, que por lo general se financian con impuestos directos, como el de la renta.
El RCEP también agiliza procedimientos comerciales, contempla derechos de propiedad intelectual y contratación pública, y comprende áreas que crecieron particularmente durante la pandemia como el comercio electrónico.
Durante los dos años que han pasado desde que surgió el Covid-19, los países de la región han visto contraerse su economía y capacidad de producción. En 2020 esa reducción fue del 1,5% y de acuerdo con previsiones del Banco de Desarrollo Asiático el año que terminó debieron recuperarse en un 7%, pero se espera una nueva desaceleración del 5,3% en 2022.
Millones de empleos se han perdido, y eso ha redundado en un menor volumen de manufactura y embarque que está afectando las cadenas de suministro a nivel mundial. Verse involucrados en el tratado de libre comercio más grande del planeta representará un impulso para paliar los efectos de la pandemia.
No todo es perfecto en el RCEP
Sin embargo, el RCEP también tiene sus críticos y detractores, que encuentran lagunas importantes y ventajas desproporcionadas para la mayor economía del área, la de China. De hecho, India decidió no plegarse al acuerdo ante el temor de que las importaciones chinas arrasaran con sus mercados.
El RCEP reduce barreras en el intercambio de bienes agrícolas, terminados y componentes, que constituyen la mayor parte de las exportaciones de los países del bloque, pero ofrece pocas luces sobre el comercio de servicios o sobre la operación de compañías en economías distintas a las de sus países de origen.
Tampoco tiene previsiones particularmente exigentes en materia de derechos laborales o impacto medioambiental, aspectos fundamentales en cualquier tratado que se firme con el visto bueno de la Unión Europea y otros países occidentales. Por ejemplo, la Asociación Transpacífica, pacto con muchos de los mismos países -a excepción de China-, comprende aspectos para reforzar estándares de derecho del trabajo y el derecho ambiental, entre otros.
Según señalan algunos diarios económicos, organizaciones de campesinos temen también que el tratado comporte una pérdida de tierras a pequeños propietarios a favor de grandes empresas. En la última década, 9,6 millones de hectáreas de estos terrenos han pasado a grandes multinacionales como la surcoreana Daewoo, la compañía de Singapur Wilmar, o la china Beidahuang, de acuerdo a la ONG Grain.
El equilibrio es otro de los aspectos donde los analistas ven grietas. Un informe de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo elaborado en marzo advierte que el RCEP beneficiará la balanza comercial de países altamente desarrollados, como Japón, pero no la de otros con economías menos poderosas como Camboya.
En medio de estos claroscuros, los firmantes ven en el tratado una oportunidad de luchar contra la pobreza, abrirse a nuevos mercados y ampliar las fuentes de importación de partes, lo que fortalecerá la competitividad del sector de la manufactura, como aseguró el secretario de Comercio de Filipinas, Ramón López, al recomendar al Congreso la aprobación de la adhesión.
Con AP, EFE y Reuters